La rebelión de los excluidos y la arrogancia de los privilegiados: ¿Qué revelan las protestas en Italia?
En las últimas tres semanas, Italia ha dejado al descubierto, de golpe y sin filtros, su realidad social más profunda. De un lado están los camioneros, los agricultores, los pescadores, los trabajadores del acero y una amplia franja de jóvenes incapaces incluso de ponerle nombre a su propia ira. Del otro, un aparato institucional que, en lugar de preguntarse por qué los ciudadanos de a pie han salido a las calles, convoca reuniones de alto nivel sobre el orden público y prepara un nuevo decreto. Cualquiera que esté familiarizado con los principios del materialismo histórico sabe que situaciones como esta no deben interpretarse desde la óptica del periodismo de sucesos y el mantenimiento del orden público. Deben entenderse, más bien, como momentos en los que las contradicciones de clase, reprimidas durante años bajo la superficie de un consenso administrado, se hacen visibles a plena luz.
El propósito de este artículo no es ofrecer una crónica de unos enfrentamientos que ya han sido ampliamente cubiertos por los medios de comunicación. Pretende, en cambio, exponer los hechos y preguntarse qué revelan acerca de la naturaleza del Estado italiano en esta coyuntura, de la composición social de quienes protestan y de la incapacidad estructural del bloque gobernante para ofrecer una respuesta que no sea de carácter represivo.
Como suele ocurrir, todo comienza con una partida presupuestaria. El Decreto-ley n.º 162, de 17 de septiembre de 2026, contemplaba una reducción temporal de los impuestos especiales sobre el diésel hasta el 5 de octubre. Una vez vencido ese plazo, el Gobierno decidió no prorrogarla. El precio medio volvió a situarse en torno a los 2,50 euros por litro. Para el pequeño transportista calabrés que posee un solo camión y trabaja como subcontratista para las grandes cadenas de distribución, esa cifra determina si cerrará el mes con beneficios o con pérdidas.
Las primeras protestas espontáneas estallaron a comienzos de octubre en Calabria. A partir del 11 de octubre, se extendieron a Apulia, después a Basilicata, Sicilia, Campania, Molise y, finalmente, al Lacio. Se organizaron piquetes en los puertos y se levantaron barricadas en las principales carreteras. A los camioneros se sumaron primero los agricultores y, posteriormente, las comunidades pesqueras. Frente a la lonja de pescado de Termoli apareció una pancarta con la imagen de un esqueleto y la inscripción: «Nos habéis desplumado hasta los huesos». En San Benedetto del Tronto, los barcos pesqueros permanecieron amarrados en el puerto. Los supermercados de Abruzos, Molise, Apulia, Campania y Calabria comenzaron a quedarse sin existencias, mientras la población acudía en masa a abastecerse, en una escena que no se veía desde la pandemia de COVID-19.
Detengámonos a pensar quiénes son estas personas, porque la sociología de la protesta importa más que sus consignas. No estamos ante el proletariado industrial clásico, el proletariado concentrado en las grandes unidades de producción fordistas. Nos encontramos ante una pequeña burguesía productiva en proceso de proletarización: el pequeño empresario, el agricultor independiente, el pescador propietario de su propia embarcación. En el primer capítulo del Manifiesto del Partido Comunista, Marx describió con precisión el destino de estos estratos intermedios, aplastados entre el gran capital que los devora y la condición de trabajo asalariado a la que finalmente se ven abocados. Hoy, el camionero que bloquea una autopista es, formalmente, un empresario. En esencia, sin embargo, su trabajo constituye una forma encubierta de trabajo asalariado: sus precios los determina el cliente, sus gastos dependen de los costes energéticos y el Estado recauda los impuestos especiales, mientras él asume los riesgos. Trabaja por cuenta propia, sí, pero en el sentido de que nadie le garantiza absolutamente nada.
En este sentido, el diésel es mucho más que un combustible. Es el punto en el que la renta petrolera global, descontrolada en estos momentos debido a la crisis del estrecho de Ormuz, desciende a lo largo de la cadena logística hasta terminar cargando su peso sobre los eslabones más débiles. El capital financiero que especula con los contratos de futuros, las grandes cadenas de distribución que se niegan a renegociar los contratos de transporte y el Estado que recauda los impuestos especiales: tres formas de apropiación del valor producido por otros que convergen sobre un mismo cuerpo social.
El segundo frente: el subproletariado urbano
El 17 de octubre, la protesta experimentó un cambio tanto cualitativo como geográfico. La etiqueta «Italia in piazza» Italia en las plazas apareció repentinamente en las redes sociales para convocar manifestaciones contra el elevado coste de la vida, los precios de los combustibles y la carga fiscal. La plaza del Duomo de Milán se convirtió en un escenario de enfrentamientos; en Turín fue saqueada una librería Feltrinelli; en Bolonia se produjeron choques frente a la estación de tren, con el uso de cañones de agua y gases lacrimógenos. Al día siguiente, solo en Milán, 271 personas fueron trasladadas a comisaría, una cifra extraordinariamente elevada de la que 220 eran menores de edad. Entre los detenidos había incluso adolescentes de doce años, muchos de ellos italianos de segunda generación.
Ese mismo día, en Roma, la marcha nacional de la CGIL y otras dos manifestaciones contra el elevado coste de la vida sacaron a las calles a unas 25.000 personas sin que se produjera incidente alguno. Conviene tener presente este contraste, pues desmiente el mito, tan conveniente para el Gobierno, de una protesta única y uniformemente violenta. Existen, al menos, dos movimientos diferenciados: uno organizado, con raíces sindicales y reivindicaciones concretas; otro desorganizado, integrado por jóvenes muy jóvenes, de procedencia urbana y carente de dirección política.
El segundo movimiento es el más interesante desde el punto de vista teórico y el más peligroso desde la perspectiva política. Marx tenía un término para referirse a las masas desarraigadas, carentes de conciencia de clase y susceptibles de ser movilizadas, en tiempos de crisis, por cualquiera que les ofreciera un papel que desempeñar: el lumpemproletariado. Utilizar hoy esta expresión no significa insultar a esos jóvenes, sino reconocer su posición objetiva: los hijos de los suburbios de Milán y Turín, muchos de ellos procedentes de familias inmigrantes, han quedado excluidos incluso antes de incorporarse al mercado laboral y han crecido en un mundo de consumo ostentoso al que nunca podrán acceder. De ahí surge una disonancia cognitiva entre el deseo y la realidad, así como el riesgo de que esa violencia sea instrumentalizada con fines reaccionarios, como sucedió en las décadas de 1920 y 1930 con las masas de desempleados y los veteranos de guerra.
La lección de El 18 Brumario de Luis Bonaparte también puede aplicarse en sentido inverso. Los estratos subalternos carecen de un programa propio y, precisamente por ello, pueden convertirse en materia prima de cualquier proyecto: tanto del de quienes desean incendiarlo todo como del de quienes necesitan un enemigo interno para legitimar las medidas de austeridad. No es casualidad que el Gobierno haya optado por hablar casi exclusivamente de esos jóvenes y apenas haya mencionado a los antiguos trabajadores de las instalaciones de Ilva, que hicieron huelga en Taranto y Génova para saber si conservarían sus puestos de trabajo en las semanas siguientes, o a los camioneros de Gioia Tauro.
El Estado como comité de negocios
El Manifiesto del Partido Comunista define el poder del Estado moderno como un comité encargado de administrar los asuntos comunes de la clase burguesa. Esta formulación ha sido descartada con frecuencia por considerarse excesivamente simplista. Las dos últimas semanas ofrecen un ejemplo casi de manual.
El 18 de octubre, tras los enfrentamientos, la primera ministra convocó una cumbre sobre orden público para estudiar medidas adicionales contra quienes se aprovechan de las manifestaciones legítimas. La reunión del día 19 concluyó con el anuncio de un decreto-ley que adelantaba algunas de las disposiciones contenidas en el proyecto de ley de seguridad bloqueado en el Senado: detenciones diferidas por actos vandálicos cometidos en grupo, penas más severas por los bloqueos de carreteras y refuerzo de la operación «Strade Sicure» Calles Seguras mediante un mayor despliegue militar en Milán. La Liga pidió, además, que se incorporara la detención preventiva de menores. Este sería el octavo paquete de seguridad en cuatro años.
Obsérvese la secuencia de los acontecimientos. Un Gobierno incapaz de encontrar recursos para prorrogar la reducción de los impuestos especiales consiguió, en apenas cuarenta y ocho horas, encontrar fondos para desplegar soldados en las calles de Milán. Una Administración que, desde marzo, ha recurrido a decretos sobre combustibles con una vigencia de apenas dos o tres semanas, renovándolos únicamente cuando un sector amenaza con ir a la huelga, se apresura ahora a aprobar medidas extraordinarias y permanentes de carácter represivo. Incluso el crédito fiscal de 300 millones destinado al sector del transporte por carretera, aprobado en mayo, seguía careciendo de un decreto de aplicación a finales de junio, hasta el punto de que las asociaciones sectoriales reclamaban que se desbloqueara. El apoyo social llega tarde, a última hora y a cuentagotas; la legislación penal, en cambio, llega de inmediato y está concebida para perdurar.
Esto no responde a la mala voluntad individual de determinados ministros, ni quienes piensan en términos de clase necesitan demonizar a nadie. Es consecuencia del papel que desempeña el Estado en una formación social periférica de Occidente, atrapada entre las restricciones presupuestarias europeas y los compromisos atlánticos de rearme. En 2026 contamos con un gasto militar que se aproxima a los 45.000 millones de euros y con medidas de austeridad cuyo importe total ronda los 23.000 millones. Atrapado en esta tenaza, el Estado no puede redistribuir la riqueza sin romper sus vínculos con sus garantes externos y, por eso, termina haciendo lo único que le queda: gestionar el conflicto como un problema de orden público. Engels lo escribió en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado: el Estado surge allí donde los antagonismos de clase se vuelven irreconciliables, como un poder que pretende situarse por encima de la sociedad y que, sin embargo, se distancia cada vez más de ella.
La farsa de las contradicciones
Aunque la esencia de la respuesta institucional mantiene una coherencia interna, su superficie constituye un catálogo de absurdos. Vale la pena enumerarlos, porque es precisamente ahí donde la crisis de hegemonía se manifiesta con mayor claridad.
La primera contradicción tiene que ver con el diagnóstico. El ministro de Justicia, Nordio, habló de una posible infiltración de organizaciones criminales en las barricadas de los camioneros. Por su parte, el ministro del Interior, Piantedosi, reconoció, al ser preguntado por los jóvenes de Milán, que todavía no existían pruebas de que hubieran sido manipulados. Dos ministros de un mismo Gobierno: uno ve delincuencia organizada detrás de los camiones; el otro no encuentra organización alguna detrás de los saqueos. Cada cual elige la interpretación que le permite deslegitimar a la multitud que tiene enfrente, y ninguno se pregunta cuánto cuesta llenar un depósito de combustible.
La segunda contradicción consiste en pasarse la responsabilidad unos a otros. El alcalde de Milán, Sala, se quejó de la insuficiencia de efectivos policiales en las calles. Piantedosi respondió acusándolo de representar a una izquierda «progre y pija» incapaz de condenar sin matices a los manifestantes violentos. Un grupo de alcaldes observó, de manera involuntaria pero bastante explícita, que acusarse mutuamente no iba a reducir el precio del combustible. Es una imagen perfecta de una clase política que, tanto desde el poder como desde la oposición, debate sobre cuántos policías hacen falta, mientras ninguna de las partes cuestiona el sistema que alimenta la indignación.
La tercera contradicción reside en el lenguaje. Meloni escribió que protestar contra el elevado coste de la vida era un derecho civil, mientras que hospitalizar a un agente de policía era cosa de gamberros. Tajani calificó de inaceptable que la oposición avivara las llamas. Sin embargo, el propio Tajani celebró el 22 de octubre que las grandes organizaciones del transporte por carretera desconvocaran las huelgas y declaró que estas no reducían el precio del diésel, sino que únicamente perjudicaban a ciudadanos y empresas. El derecho a protestar queda así reconocido en abstracto, pero se rechaza en todas sus manifestaciones concretas capaces de producir consecuencias. Se puede protestar, siempre que la protesta no incomode a nadie; pero una protesta que no incomoda a nadie es una protesta que nadie escucha. Se trata de la vieja paradoja de la democracia formal que la crítica marxista siempre ha puesto al descubierto: libertades iguales sobre el papel, relaciones de poder desiguales en la realidad.
La cuarta contradicción es la más grave. Mientras el Gobierno invoca el Estado de derecho, prepara disposiciones que incluso sus propios comentaristas consideran susceptibles de ser declaradas inconstitucionales, como la detención preventiva de menores de doce años. El Estado que exige a los jóvenes de los suburbios que respeten las normas es, al mismo tiempo, el que está dispuesto a quebrantarlas para defenderse de ellos.
La crisis es sistémica
En sus Cuadernos de la cárcel, Gramsci formuló una de las definiciones más citadas de la crisis: lo viejo está muriendo y lo nuevo no acaba de nacer; durante ese interregno aparecen los fenómenos morbosos más diversos (se invita a los lectores a consultar los Cuadernos, cuaderno 3, § 34). Resulta difícil encontrar una imagen más precisa para describir la Italia de octubre de 2026. El antiguo contrato social, basado en los ahorros de los hogares, las pequeñas empresas y el bienestar articulado en torno a la familia, ya no se sostiene. No existe un nuevo bloque histórico. En medio de ambos emergen los fenómenos morbosos: bandas de jóvenes que se graban mientras saquean joyerías, ministros que se acusan mutuamente y una lluvia incesante de decretos.
Lenin añadió ya en 1915, en el segundo capítulo de La bancarrota de la Segunda Internacional, que una crisis se vuelve revolucionaria cuando los de abajo ya no quieren vivir como antes y los de arriba ya no pueden gobernar como antes. La primera condición comienza a manifestarse en Italia. La segunda se revela claramente en la parálisis de un Ejecutivo que oscila entre prórrogas de última hora y medidas punitivas. Falta el tercer elemento, el decisivo: una fuerza política capaz de transformar el descontento en un programa. Los partidos de masas se han reducido a grupos de formación de opinión y feudos personales; la izquierda parlamentaria reclama más policías en Milán; las confederaciones sindicales convocaron una huelga general para el 20 de noviembre, cinco semanas después de los enfrentamientos, y muestran una inclinación cada vez más arraigada a someterse dócilmente a las imposiciones del Gobierno con tal de preservar sus privilegios institucionales. Mientras tanto, en Milán ha surgido un «Movimiento 17 de Octubre» que ha anunciado manifestaciones todos los sábados hasta la caída del Gobierno. Al carecer de raíces, organización y teoría, difícilmente llegará muy lejos. Pero el mero hecho de que haya surgido revela la magnitud del vacío que se ha dejado atrás.
La cuestión central reside precisamente aquí. En otro lugar he sostenido que la lucha actual no se desarrolla en sentido horizontal, entre la derecha y la izquierda, sino en sentido vertical, entre el pueblo y las élites; y que quienes reducen el conflicto a un plano horizontal lo hacen porque no quieren que la gente identifique dónde se encuentra realmente el problema. Los acontecimientos de octubre confirman esta tesis. El Gobierno hizo todo lo posible por transformar un conflicto vertical, relacionado con el coste de la vida y la distribución de la renta, en un enfrentamiento horizontal: italianos contra inmigrantes de segunda generación, ciudadanos respetuosos de la ley contra gamberros, un Norte productivo contra un Sur que bloquea las carreteras. La consigna «El Sur también es Italia», que apareció en las barricadas, fue la respuesta más sencilla a esta maniobra.
Un análisis de clase que se detenga en las fronteras nacionales resulta incompleto. El precio del diésel en Cosenza depende del estrecho de Ormuz, y Ormuz está cerrado o estrangulado por una guerra que Italia no ha decidido, pero a la que presta apoyo como parte de su alineamiento atlántico. Ya en marzo, el primer decreto sobre combustibles se había justificado por la crisis internacional vinculada a la guerra en Irán. Desde entonces, el Gobierno ha intentado contener el encarecimiento de los precios mediante reducciones temporales, al tiempo que mantiene su compromiso con los objetivos de rearme y las políticas de austeridad europeas.
Esta es una actualización, bajo una relación de subordinación, de la vieja tesis de Lenin sobre el imperialismo. Un país que no controla su propia política energética ni su política exterior acaba trasladando a las clases trabajadoras el coste de las guerras ajenas. Las sanciones contra Rusia ya habían elevado las facturas; ahora, la guerra en el Golfo está encareciendo los combustibles. La factura siempre llega a la misma dirección: al camionero, al pescador, a la familia de los suburbios que contempla cómo se vacía su cesta de la compra. Mientras las acciones de la industria armamentística suben, el país real permanece inmovilizado.
Esta es la razón por la que la crisis social de Italia no puede resolverse mediante una nueva prórroga de la reducción de los impuestos sobre los combustibles. Si ha de resolverse, será necesario quebrar las restricciones que hacen imposible la redistribución: las actuales reglas presupuestarias europeas, los objetivos de gasto militar y el alineamiento automático con guerras que Italia soporta sin que respondan a sus propios intereses. La paz, la soberanía energética y la justicia social no son tres reivindicaciones separadas. Es una misma exigencia contemplada desde tres perspectivas distintas.