La guerra contra Irán, las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y el mito del gobierno del pueblo

En un contexto marcado por las elecciones que se celebrarán esta semana en Israel y por los comicios de mitad de mandato previstos para el próximo martes en Estados Unidos, se informa de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llevan semanas debatiendo no tanto si deben reanudar la guerra contra Irán, sino cuándo hacerlo.

Según las informaciones difundidas, Netanyahu quería reanudar los bombardeos antes de que los votantes israelíes o estadounidenses acudieran a las urnas. Aunque lo negó oficialmente, esa posibilidad encaja con su estrategia —ampliamente documentada— de utilizar un conflicto armado en curso para protegerse de la rendición de cuentas política y judicial.

Trump, por su parte, descartó públicamente la posibilidad de que Estados Unidos lanzara un nuevo ataque antes del 3 de noviembre. Sin embargo, según varias informaciones publicadas recientemente, ambos gobiernos se estarían preparando realmente para emprender una nueva y contundente oleada de ataques inmediatamente después de que concluyan las elecciones estadounidenses.

Este episodio ha vuelto aún más ridícula la narrativa de ambos dirigentes. Al fin y al cabo, si reanudar los ataques contra Irán es tan indispensable para proteger al pueblo estadounidense como ambos sostienen, ¿por qué habría de depender esa necesidad de que esas mismas personas hayan ejercido o no su derecho al voto?

La realidad es que, como expuse aquí a comienzos de este año, la guerra contra Irán no constituye una medida drástica, aunque necesaria, para prevenir una amenaza inminente procedente de un régimen fuera de control. No es más que una operación militar que se suma al conjunto de las demás intervenciones armadas emprendidas por nuestro Gobierno y que beneficia a una coalición de grupos de interés muy específicos y estrechamente interconectados. Esa coalición abarca desde los políticos israelíes que pretenden orientar el poder estadounidense hacia el debilitamiento de los principales rivales de Israel en la región hasta las empresas armamentísticas nacionales que reciben cuantiosos recursos para reponer los menguantes arsenales de municiones de Estados Unidos.

La narrativa según la cual Irán está a meses, o incluso semanas, de iniciar una guerra nuclear contra dos potencias nucleares mucho mejor armadas que él; según la cual no solo estaría dispuesto a sacrificar a todo su país para destruir varias ciudades israelíes y estadounidenses, sino que estaría haciendo todo lo posible para conseguirlo mediante armas y tecnologías de lanzamiento de las que carece y que ni siquiera está cerca de obtener, sencillamente no se corresponde con la realidad. Sin embargo, esta es la estrategia más eficaz que la coalición favorable a la guerra ha encontrado hasta ahora para lograr que una parte suficientemente amplia de la opinión pública acepte, al menos de manera pasiva, un conflicto que todos sus integrantes desean por motivos que ninguno de ellos parece demasiado dispuesto a explicar abiertamente.

No obstante, la eficacia de esta estrategia ha disminuido de manera evidente en los últimos meses. Hoy, cerca de dos tercios de los estadounidenses desaprueban la política de Trump hacia Irán, mientras crece la preocupación generalizada por sus repercusiones sobre los precios de la energía y por todas las consecuencias nefastas que lleva aparejadas. Se trata de una guerra profundamente impopular. Y, aun así, todo apunta a que en las próximas semanas no solo continuará, sino que también se intensificará.

Esto pone de relieve otra dimensión de esta historia, mucho más importante y que, sin embargo, ha recibido bastante menos atención que la impopularidad de la guerra: la manifiesta insuficiencia de las elecciones democráticas como instrumento para limitar el poder político.

Según el relato convencional que a la mayoría de nosotros nos enseñaron durante la infancia, durante buena parte de la historia de la humanidad las sociedades vivieron sometidas a reyes, oligarcas y gobernantes de toda índole que ejercían el poder político en beneficio propio. Mientras la riqueza y el poder se concentraban en manos de una pequeña minoría, todos los demás se veían obligados a vivir en condiciones de servidumbre propiamente dicha o en circunstancias materiales que apenas se diferenciaban de ella. Sin embargo, se suponía que todo esto había cambiado con la invención de la democracia.

Al principio solo hubo unos pocos destellos, como el de la antigua Atenas. Pero, más tarde, especialmente con las llamadas revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX, los pueblos se levantaron, derrocaron a sus gobernantes despóticos y establecieron democracias en las que los gobiernos pasaron a actuar en nombre de la ciudadanía.

Esta «innovación» dio origen a nuestro moderno y supuestamente ilustrado mundo, en el que la opinión pública determina lo que quiere que haga el Gobierno; los políticos compiten por la oportunidad de representar esas preferencias, y la celebración periódica de elecciones proporciona un mecanismo para exigirles responsabilidades. De este modo, quienes ostentan el poder político quedan supuestamente impedidos de regresar a las prácticas expoliadoras de los gobernantes de épocas predemocráticas.

Esta fórmula fundamental se nos ha inculcado de tal manera —a través del Gobierno, de los planes de estudio aprobados por las autoridades educativas y de buena parte de la información que consumimos en los medios de comunicación convencionales— que muchas personas consideran las elecciones democráticas periódicas como el único límite verdaderamente significativo al poder de los gobiernos y de las élites sociales de toda índole.

El orden político establece una división deliberadamente tajante entre dos campos: las democracias y los regímenes autoritarios. Según esta concepción, ni siquiera se trata de los dos extremos de un mismo espectro, sino de las únicas alternativas posibles. Un Gobierno, o bien rinde cuentas ante la opinión pública mediante elecciones libres y democráticas, o bien no lo hace.

Sin embargo, todo apunta a que Trump ha logrado sortear esta supuesta limitación suprema de la capacidad del Gobierno para adoptar medidas impopulares —como librar guerras rechazadas por la ciudadanía— con tan solo esperar unas semanas. Cuando llegue el próximo miércoles, Trump y su partido dispondrán de mucho tiempo, en la mayoría de los casos incluso de años, hasta las siguientes elecciones. Esto le proporcionará un amplio margen para seguir imponiendo su impopular política sin preocuparse demasiado por sus consecuencias electorales.

El sistema quiere que pensemos que Trump está dispuesto a actuar de este modo únicamente porque es un aspirante a autoritario que desprecia la democracia y no respeta las reglas sobre las que supuestamente debe funcionar el sistema. Sin embargo, se trata de una práctica a la que los presidentes recurren con bastante frecuencia.

George W. Bush aplazó el envío de refuerzos militares a Irak, la denominada estrategia del surge, hasta después de las elecciones de mitad de mandato de 2006. Barack Obama esperó a que concluyeran las elecciones de mitad de mandato de 2014 para poner en marcha sus reformas migratorias durante su segundo mandato; anteriormente, también había aplazado hasta después de las elecciones de 2012 la adopción de medidas controvertidas. George H. W. Bush, por su parte, esperó dos días después de las elecciones de mitad de mandato de 1990 para anunciar el despliegue militar en el Golfo que había ordenado semanas antes. Y, por supuesto, están también Woodrow Wilson, FDR y LBJ: todos ellos hicieron campaña y ganaron las elecciones prometiendo mantener al país al margen de las guerras, para después cambiar de rumbo una vez concluida la contienda electoral.

Cada uno de estos casos tiene sus particularidades y el grado de impopularidad de las políticas aplicadas posteriormente varía. Pero lo fundamental es que Trump no constituye una excepción por ajustar el calendario de sus decisiones a las fechas electorales. Si las elecciones democráticas fueran realmente el poderoso mecanismo de contención que nos han enseñado a considerar, cabría esperar que este tipo de maniobras fueran extraordinariamente infrecuentes y difíciles de llevar a cabo. Sin embargo, no lo son. En las democracias de masas constituye una práctica bastante habitual.

Cuando se comprende esto de verdad, resulta fácil sucumbir al desaliento. Como he señalado a menudo, una vez que se interioriza que, incluso en nuestra actual era democrática, el Gobierno nunca ha estado realmente dirigido ni gobernado por la opinión pública, puede resultar tentador concluir que esta carece de toda relevancia. Las promesas electorales se incumplen con mucha más frecuencia de la que se cumplen. Todos los sectores del Gobierno parecen mostrar un interés escaso, cuando no inexistente, por lo que desea la ciudadanía, sin que ello les acarree consecuencias verdaderamente significativas.

Sin embargo, este nihilismo democrático, si podemos llamarlo así, cae en la misma trampa fundamental que los idealistas democráticos más ingenuos. Ambas posturas parten de una comprensión profundamente equivocada de la manera en que la opinión pública influye sobre el Gobierno.

Los Estados no están gobernados ni dirigidos por la opinión pública. Como siempre ha sucedido, son entidades que actúan en función de sus propios intereses. Pero eso no significa que hayan podido hacer siempre todo lo que desean. Los Estados hacen aquello que pueden permitirse hacer sin sufrir consecuencias.

Dicho de otro modo: la opinión pública no dirige al Estado, pero sí puede ponerle límites.

Porque todo Estado que se sostiene sobre el saqueo legalizado, todo protoestado y todo grupo social organizado dentro de una sociedad se han enfrentado siempre al mismo problema fundamental: son numéricamente muy inferiores a la población a la que despojan. Para sobrevivir como Estado, este debe convencer a una parte suficientemente amplia de la población de que está legitimado para hacer aquello que, en cualquier otra circunstancia, sería considerado un delito; o, más precisamente, de que la propia población no tiene razón alguna para resistirse a las agresiones del Estado, ya sea por un supuesto derecho divino, por una constitución escrita o por la existencia de un procedimiento democrático.

Desde muchos puntos de vista, la historia del pensamiento y de las instituciones políticas puede entenderse como la historia de la búsqueda, adopción, abandono y recuperación de aquellas justificaciones intelectuales o emocionales que han demostrado ser más eficaces para convencer a la población de que el despojo del que es objeto por parte del Estado es legítimo y justo.

Desde esta perspectiva, la Unión Soviética se derrumbó porque la justificación de su poder estatal dejó de resultar convincente. Las revoluciones liberales, por su parte, pueden entenderse, ante todo, como el colapso de la antigua justificación del gobierno que había permitido a los Estados adoptar la forma monárquica. Los Estados que lograron sobrevivir a aquella revolución en la conciencia colectiva fueron precisamente los que adoptaron una nueva justificación, más eficaz, del poder estatal. En este caso, dicha justificación fue la ilusión de la soberanía popular ejercida mediante un proceso democrático.

Este sigue siendo el mito legitimador fundamental con el que los Estados modernos justifican todo lo que nos hacen. La idea de que somos nosotros, el pueblo, quienes dirigimos el Gobierno federal se nos inculca en cada ocasión, con el propósito de que acabemos creyendo que realmente es así. Y también para que consideremos todas las pruebas en sentido contrario como desviaciones transitorias que desaparecerán cuando el individuo defectuoso que las provoca abandone el poder.

Sin embargo, reconocer que el sistema funciona realmente de esta manera no debería ser motivo de pesimismo ni de desesperanza. Hay, en todo esto, una razón importante para mantener la esperanza. La necesidad permanente del Estado de justificar su propia existencia pone de manifiesto una de sus principales debilidades. Si la opinión pública fuera verdaderamente impotente, quienes gobiernan no dedicarían tantos esfuerzos a moldearla.

La vacilación de la Administración Trump a la hora de reanudar la guerra antes de las elecciones constituye una prueba de que ese poder existe. Lamentablemente, a los estadounidenses se les ha enseñado a ejercerlo casi exclusivamente a través de un mecanismo que los políticos han aprendido a orientar y controlar con extraordinaria destreza.

Pero, si queremos imponer límites significativos al Estado, no podemos seguir sentados a la espera de que quienes detentan el poder comiencen a comportarse como deseamos simplemente porque hemos votado por ellos. Tenemos mucha más capacidad de influencia si comprendemos cómo funciona realmente nuestro sistema, si ayudamos a otros a comprenderlo también y si, en términos generales, nos negamos a permitir que quienes gobiernan sigan eludiendo sus responsabilidades amparándose en las justificaciones que hacen posibles sus acciones.

A medida que esas justificaciones pierden su influencia sobre la población, al Estado le resulta cada vez más difícil actuar amparándose en ellas. Quienes ejercen el poder saben que su autoridad depende de aquello que la población está dispuesta a aceptar. Ha llegado el momento de que la ciudadanía también lo comprenda.

Fuente:https://mises.org/mises-wire/iran-midterms-and-myth-government-people