La Destrucción del Derecho del Mar por Parte de Trump Aumenta el Riesgo de Guerra
Si no se revoca la orden ejecutiva de Donald Trump que autoriza la minería en aguas profundas en flagrante violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), será casi inevitable una carrera desenfrenada por la riqueza sin ley entre las grandes potencias. Más allá de los evidentes riesgos medioambientales, la posibilidad de un conflicto armado resulta cada vez más tangible.
Uno de los decretos ejecutivos más significativos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha pasado casi inadvertido a escala global. A comienzos de este año, Trump no sólo socavó un sistema que los propios Estados Unidos contribuyeron a fundar, sino que además otorgó de manera unilateral a las empresas que cotizan en la bolsa estadounidense el derecho a violar el derecho internacional en alta mar, incrementando con ello la posibilidad de conflictos militares en los próximos años.
Trump concedió en particular a las corporaciones autorización para iniciar la minería en aguas profundas más allá de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de los Estados Unidos. Este acto constituye una violación directa de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), un conjunto de compromisos arduamente negociados entre 1958 y 1982. Con el fin de evitar guerras por los recursos oceánicos, la UNCLOS creó “la Zona”, designando el 54 % de los océanos del mundo como el “patrimonio común de la humanidad”. Como afirmó entonces el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, se trataba “probablemente del documento jurídico más importante del siglo”.
Tradicionalmente, el mar y los fondos marinos se consideraban espacios globales compartidos, pero la UNCLOS otorgó a todos los Estados ribereños derechos exclusivos sobre las aguas que se extienden hasta 200 millas náuticas desde sus costas, al establecer las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE). Fue la mayor operación de anexión de la historia: 138 millones de kilómetros cuadrados 53,3 millones de millas cuadradas pasaron a dominio nacional. Gracias a sus numerosos territorios insulares, Estados Unidos y Francia fueron los principales beneficiarios, cada uno ganando más de 11 millones de km². En comparación, China obtuvo apenas 960 000 km².
Estados Unidos, además, resultó favorecido en otros aspectos. Mantuvo el derecho de navegación en las aguas de todos los países más allá del límite de 12 millas náuticas y, junto con otras naciones ricas, obtuvo acceso a las zonas pesqueras de los países en desarrollo. Durante las negociaciones, China en representación del G77 aceptó estas condiciones a cambio de que Estados Unidos se comprometiera a no iniciar la minería en “la Zona” hasta que los Estados alcanzaran un acuerdo sobre un código minero que incluyera mecanismos de protección ambiental y de reparto equitativo de los ingresos. Dicho mecanismo buscaba garantizar que todas las naciones incluidos los 44 países sin litoral recibieran una parte justa del aprovechamiento del “patrimonio común de la humanidad”.
El código minero debía ser elaborado por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), pero el proceso ha sido lento, debido a que Estados Unidos y otros países ricos insistieron en que cualquier acuerdo se adoptara por consenso, y no por mayoría. Aun así, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos prevé concluir el código en los próximos meses. Washington, sin embargo, ha dejado claro que no se considera obligado a acatar ninguno de los compromisos que de allí se deriven.
De manera irónica, aunque 167 países y la Unión Europea han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), los Estados Unidos a pesar de haberse beneficiado enormemente de ella se han negado a hacerlo. Hasta el regreso de Trump al poder, Washington había aceptado, conforme a la costumbre del derecho internacional, respetar las normas de la UNCLOS. Y las aprovechó al máximo. En 2023, por ejemplo, invocó el artículo 76 para incorporar a su Zona Económica Exclusiva (ZEE) áreas reconocidas como plataforma continental ampliada. Como resultado, Estados Unidos reclama ahora derechos hasta 680 millas desde su costa del Pacífico y 350 millas desde la del Atlántico, alcanzando así una ZEE de 12,4 millones de kilómetros cuadrados, es decir, tres millones más que su propio territorio continental.
En otras palabras, no contentos con haber protagonizado el mayor acaparamiento de bienes comunes de la historia y con haber devastado durante más de cuarenta años las zonas pesqueras de los países en desarrollo, los Estados Unidos rompen ahora la única promesa que habían hecho a cambio de esos privilegios.
Naturalmente, publicaciones influyentes como The Economist se apresuraron a respaldar la orden de Trump, pero omitieron señalar que la UNCLOS fue el resultado de una negociación compleja en la que las naciones ricas obtuvieron amplias ventajas a cambio de comprometerse a compartir equitativamente los beneficios derivados de la minería submarina. Ese compromiso era jurídicamente vinculante; por tanto, sostener que Washington actúa “con razón” equivale a justificar la violación del derecho internacional.
Como si ignorar el derecho internacional y los compromisos previos no fuera ya suficientemente grave, Trump está desencadenando potenciales catástrofes ambientales y geopolíticas. Los oceanógrafos advierten con firmeza que la minería en aguas profundas podría provocar daños ecológicos severos, destruir la biodiversidad, afectar a poblaciones de peces vitales y reducir la capacidad del océano para desempeñar su función esencial como principal sumidero de carbono del planeta. Aunque la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) exige que las empresas titulares de licencias de exploración realicen evaluaciones de impacto ambiental, es evidente que la administración Trump ignorará tal requisito.
Los riesgos geopolíticos no son menos alarmantes. Si Estados Unidos incumple el único compromiso que asumió, ¿por qué los demás países habrían de respetar los suyos? China, en particular, se verá obligada a responder. Ya posee cinco de las treinta y una licencias de exploración otorgadas por la ISA y cuenta con la capacidad tecnológica para ampliar sus operaciones mineras. Pekín no tolerará que Washington se apropie unilateralmente de vastas extensiones y valiosos recursos del lecho marino.
El primer punto de fricción será la Zona Clarion-Clipperton, un área de seis millones de kilómetros cuadrados en el Pacífico que alberga miles de millones de toneladas de nódulos polimetálicos ricos en níquel, cobalto y otros minerales valiosos, a profundidades de hasta 4.000 metros. Si no se revierte la violación de la UNCLOS, asistiremos a una carrera ilegal por la riqueza submarina, primero en esta zona y luego, de manera aún más peligrosa, en el Ártico en deshielo. El riesgo de un conflicto armado es manifiesto.
La orden ejecutiva de Trump es, en definitiva, extraordinariamente irresponsable. La comunidad internacional debe exigir con una sola voz su revocación, y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos no debe precipitarse a aprobar un código minero que contradiga los principios y objetivos fundamentales de la UNCLOS.
Lamentablemente, ya no podemos estar seguros de que los líderes estadounidenses escuchen la sabiduría de sus predecesores. En 1966, el presidente Lyndon B. Johnson advirtió con clarividencia:
“Bajo ninguna circunstancia debemos permitir que las expectativas de abundantes cosechas y riquezas minerales generen una nueva forma de rivalidad colonial entre las naciones marítimas. Debemos evitar una carrera por apropiarnos de los suelos situados bajo las aguas internacionales. Debemos garantizar que las profundidades marinas y los fondos oceánicos permanezcan como patrimonio común de toda la humanidad.”
Trump no comparte esa visión. En nombre de la humanidad, de la naturaleza y de la paz mundial, debemos alertar sobre el peligroso ciclo que ha puesto en marcha.
Guy Standing es autor de The Blue Commons: Rescuing the Economy of the Sea (Pelican, 2023).