La Crisis De Yemen y La Inquietud De Riad
La crisis de Yemen, cuya primera manifestación presenciamos en la década de 1960 y cuya segunda se desarrolla en la actualidad, debe interpretarse, desde la perspectiva de Arabia Saudí, como un fenómeno que trasciende las cuestiones estrictamente relacionadas con la seguridad y la rivalidad con Irán. Se trata, igualmente, de una crisis que pone a prueba la distribución del poder entre las élites políticas de la dinastía gobernante y la capacidad de resiliencia social del régimen. A diferencia de los regímenes personalistas predominantes en otros países de la región, la dinastía saudí se sustenta en una extensa red de ramas familiares y vínculos de parentesco establecidos con poderosas tribus, circunstancia que confiere a la cohesión de las élites de Riad una dimensión que rebasa ampliamente los confines del palacio real. La ruptura de la armonía entre las distintas ramas dinásticas genera dos consecuencias fundamentales: por un lado, debilita la coordinación entre las instituciones administradas por dichas ramas y el poder central; por otro, puede suscitar un profundo descontento entre los amplios sectores sociales vinculados a ellas. Por consiguiente, interpretar los acontecimientos de Yemen exclusivamente a través de las operaciones militares de los hutíes o de la rivalidad entre Irán y Arabia Saudí supone ignorar las dimensiones históricas y políticas internas que subyacen a las inquietudes de seguridad de Riad.
La primera crisis de Yemen, desarrollada durante la década de 1960, constituyó un ejemplo particularmente ilustrativo de cómo los fracasos en política exterior y las fracturas internas de una dinastía pueden alimentarse mutuamente. La imposibilidad de alcanzar los objetivos políticos perseguidos en Yemen agravó las tensiones internas durante el reinado del rey Saúd y, al confluir con otros problemas de gobernabilidad, contribuyó a crear las condiciones que desembocaron en su destitución mediante una reconfiguración del poder palaciego en 1964. Su sucesor, Faisal, instauró un orden político fundamentado en el reparto del poder y la búsqueda del consenso entre las distintas ramas de la familia real, logrando así restablecer y fortalecer la resiliencia del régimen.
La transformación que experimenta actualmente Riad, sin embargo, parece avanzar en dirección contraria a las enseñanzas de aquella experiencia histórica. Desde 2015, la política de centralización emprendida por Mohamed bin Salmán, desarrollada paralelamente a su programa de reformas y acompañada del desplazamiento de influyentes miembros de la familia real de los principales órganos de gobierno, ha erosionado los mecanismos tradicionales de cohesión entre las élites. Las dificultades que plantea la gestión de la segunda crisis de Yemen, iniciada en marzo de 2015, no pueden comprenderse al margen de esta transformación interna.
Las analogías entre ambos períodos no implican necesariamente que la historia vaya a reproducir idénticos resultados. No obstante, el debilitamiento de la cohesión dinástica en Riad merma las capacidades del país en materia de política exterior y seguridad, al tiempo que incrementa la posibilidad de que los costes políticos de los fracasos internacionales terminen repercutiendo nuevamente en el propio centro del poder saudí. Desde una perspectiva realista, el presente artículo sostiene que existe una estrecha y significativa relación entre la capacidad del reino para afrontar la crisis de Yemen y el grado de cohesión interna de su dinastía gobernante.
La dinastía saudí no es simplemente una familia
Concebir la estructura dinástica de Arabia Saudí como una reducida élite gobernante, cuyos integrantes permanecen desvinculados de la sociedad y ejercen su influencia exclusivamente tras los muros del palacio, conduce a una comprensión incompleta de la arquitectura política del país y de la verdadera naturaleza del poder. La Casa de Saúd, integrada por miles de miembros y articulada en numerosas ramas familiares, constituye un centro orgánico de poder institucional que, a diferencia de los regímenes personalistas clásicos de Oriente Medio, ha penetrado profundamente en todos los entramados del Estado y de la sociedad.
Uno de los pilares fundamentales de este arraigo reside en las redes de parentesco, cimentadas en alianzas matrimoniales y vínculos consanguíneos, que los miembros de la dinastía han establecido y preservado cuidadosamente a lo largo de la historia con las tribus más poderosas del país. Gracias a estas relaciones, la familia gobernante ha conseguido vincularse directamente con amplios sectores de la población, centros regionales de poder y dinámicas locales, transformando su autoridad de un mecanismo de coerción externo a la sociedad en una estructura de dominación profundamente arraigada en el propio tejido social.
A esta base de legitimidad e influencia sustentada en los vínculos de sangre con las tribus se sumó el mecanismo de distribución equilibrada del poder entre las distintas ramas de la dinastía, institucionalizado durante el reinado de Faisal y aplicado con notable eficacia hasta finales de la década de 2010. Dicho mecanismo consolidó de manera singular la posición de la familia saudí dentro del sistema político. A partir del período de Faisal, cada rama dinástica pasó a constituirse en un centro institucional de poder, encargado de administrar y compartir el control de componentes fundamentales del aparato de seguridad y de instituciones estratégicas del Estado, entre las que destacaban la Guardia Nacional, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior.
Este equilibrio institucionalizado convirtió a la dinastía en una estructura que trascendía su condición de cúpula encargada de adoptar decisiones políticas. La familia real pasó a ejercer una influencia transversal sobre el conjunto del aparato estatal, desde la burocracia y las instituciones de seguridad hasta las administraciones regionales, los ulemas y las élites mercantiles, arraigándose profundamente en todos los niveles del sistema político y administrativo.
Aunque este mecanismo tradicional no constituía una estructura democrática ni inclusiva que representara de manera equitativa a la totalidad de la sociedad saudí, la compleja red de relaciones que la dinastía había tejido con las tribus históricamente influyentes, los notables locales y las autoridades religiosas configuró los fundamentos históricos de la legitimidad del régimen.
En efecto, la estabilidad interna del sistema político saudí no puede reducirse exclusivamente al poder coercitivo de su sofisticado aparato de seguridad ni a su capacidad para distribuir las rentas derivadas del petróleo. Dicha estabilidad descansa, fundamentalmente, en la aptitud de la dinastía para preservar el consenso entre sus propias ramas y mantener operativos, mediante los mecanismos de distribución del poder, los canales informales de equilibrio, lealtad y representación que se extienden hasta los estratos más profundos de la sociedad.
La ruptura de la cohesión dinástica o la alteración del equilibrio tradicional en la distribución del poder no se limita a una disputa ordinaria entre príncipes por cargos, privilegios o esferas de influencia en los corredores palaciegos. Cuando estalla una pugna por el poder entre las distintas ramas de la familia real, sus repercusiones se propagan directamente hacia el funcionamiento del aparato estatal y las bases mismas de la sociedad.
En este sentido, los amplios sectores sociales que históricamente han establecido alianzas con diferentes ramas de la dinastía, sustentadas en vínculos tribales, familiares y de parentesco, tienden a interpretar tales rivalidades como una amenaza directa para sus intereses existenciales y su posición social o, alternativamente, como una oportunidad para ampliar sus propias cuotas de poder e influencia.
Esta dinámica favorece que los intereses tribales y corporativos prevalezcan sobre los intereses nacionales, erosionando gravemente la capacidad de resistencia interna del régimen. En efecto, las élites que anteponen los intereses particulares de sus respectivos grupos pueden llegar a adoptar posiciones contrarias a la orientación general de la política exterior del país y a sus objetivos nacionales con el propósito de preservar sus propios privilegios.
Como consecuencia, se obstaculiza directamente la movilización eficaz de los recursos nacionales en consonancia con las prioridades estratégicas del Estado, debilitando tanto la coherencia de la acción gubernamental como la capacidad del reino para responder de manera coordinada a los desafíos que amenazan su seguridad y estabilidad.
En definitiva, la cohesión interna de la dinastía saudí no constituye simplemente una cuestión de equilibrio entre las élites gobernantes, sino que representa la columna vertebral sobre la que descansan el funcionamiento del aparato estatal y la preservación de los vínculos de lealtad social. Las alianzas tribales tejidas mediante lazos de consanguinidad, junto con el sistema de distribución del poder entre las distintas ramas dinásticas institucionalizado durante el reinado de Faisal, han arraigado de tal manera la autoridad de la familia gobernante en las estructuras del Estado y de la sociedad que han convertido su posición en prácticamente insustituible. Sin embargo, la erosión de este equilibrio, sustentado en el consenso y en una distribución policéntrica del poder, y su progresiva sustitución por una concentración de la autoridad en un círculo cada vez más reducido, entrañan riesgos considerables. Aunque semejante centralización puede agilizar los procesos de toma de decisiones, también amenaza con estrechar las bases históricas de legitimidad de la dinastía, cimentadas en un arraigado sistema de consensos que se extiende hasta los más recónditos entramados institucionales y sociales del reino.
El peso histórico de Yemen
A lo largo de la historia, Yemen ha ocupado invariablemente una posición excepcional en los cálculos geopolíticos y estratégicos de seguridad de Arabia Saudí. Más allá de la proximidad geográfica y de la extensa frontera que ambos países comparten, las convulsiones políticas y los cambios de régimen en Yemen han sido percibidos por Riad como cuestiones directamente vinculadas a la seguridad existencial de su propio sistema político.
En efecto, el derrocamiento en 1962 del imanato zaidí, una institución milenaria, y la instauración de un régimen republicano en Yemen distaron mucho de constituir, para Arabia Saudí, una crisis ordinaria en un país vecino. La intervención militar directa del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser en la guerra civil yemení, impulsada por su programa revolucionario panarabista, exacerbó hasta niveles sin precedentes el temor de Riad a que aquel desafío regional e ideológico terminara socavando los equilibrios políticos internos del reino y amenazando la propia supervivencia de la monarquía.
La coincidencia de esta crisis exterior con las profundas convulsiones que atravesaba la política interna saudí puso aún más de manifiesto la influencia determinante de Yemen sobre el futuro del reino. La insistencia del entonces monarca, el rey Saúd, en concentrar el poder y las facultades decisorias en sus propias manos tras suceder al rey fundador Abdulaziz alteró profundamente los equilibrios familiares y erosionó gravemente la cohesión dinástica.
Este estilo de gobierno excesivamente centralizador y excluyente, que prescindía del consenso entre las distintas ramas de la familia real, situó al reino en el epicentro de una tormenta geopolítica de dimensiones existenciales, caracterizada por una doble amenaza: al oeste, la ofensiva panarabista de Nasser; al sur, la guerra civil de Yemen. Privado de una sólida base de entendimiento intradinástico, el gobierno del rey Saúd sumió la arquitectura de seguridad y la política exterior del reino en una situación de profunda vulnerabilidad y parálisis frente a aquella amenaza multidimensional que se desplegaba simultáneamente en dos frentes.
El posterior destronamiento del rey Saúd y la ascensión de Faisal al trono, tras aquel bloqueo estratégico, demostraron con particular claridad hasta qué punto la cohesión dinástica constituía un elemento vital para la seguridad y la supervivencia del régimen.
Bajo la dirección de Faisal, el ejercicio del poder quedó articulado en un marco institucional basado en el equilibrio, la concertación y la distribución de responsabilidades entre los hijos de Abdulaziz y las diferentes ramas de la dinastía. En contraposición al modelo de gobierno de Saúd, caracterizado por la monopolización de la autoridad, el sistema de liderazgo colectivo y equilibrio institucional construido por Faisal proporcionó a Riad ventajas extraordinarias para afrontar con éxito la crisis yemení y la oleada de amenazas regionales.
Este sistema, cuyos fundamentos fueron establecidos durante el reinado de Faisal y que se mantuvo con relativa estabilidad hasta finales de la década de 2010, integró orgánicamente a las distintas ramas dinásticas en las instituciones fundamentales de seguridad del Estado. Los principales organismos estratégicos de defensa, seguridad e inteligencia, entre ellos el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Presidencia General de Inteligencia y la Guardia Nacional, quedaron distribuidos entre diferentes sectores de la familia real.
Esta configuración trascendía ampliamente una mera asignación burocrática de competencias, pues dio lugar a un mecanismo informal de contrapesos y supervisión recíproca que fortalecía la capacidad defensiva y de seguridad del Estado, al tiempo que impedía que una sola rama dinástica monopolizara íntegramente el poder.
Sobre esta delicada arquitectura de consenso, en la que el monarca ocupaba la posición de primus inter pares, es decir, «primero entre iguales», y las decisiones estratégicas se adoptaban mediante la deliberación y el acuerdo entre los miembros de la dinastía, fue posible contener las rivalidades palaciegas y consolidar la resiliencia militar, administrativa y diplomática del reino frente a las amenazas exteriores.
Esta recuperación de las estructuras institucionales y militares encontró asimismo su correspondencia en el terreno ideológico. Durante el reinado de Faisal, el islamismo y el panislamismo fueron movilizados como instrumentos de contrahegemonía regional frente a la ofensiva panarabista de Nasser. De este modo, Riad respondió a la amenaza ideológica procedente de Yemen no solo mediante recursos militares convencionales y mecanismos logísticos, sino también mediante la construcción de un escudo de resistencia ideológica sustentado en instituciones islámicas y discursos religiosos articulados a escala regional y mundial.
Después de 2015: centralización del poder y fractura de la cohesión entre las élites
A partir de 2015, la política exterior de Arabia Saudí comenzó a distanciarse de su tradicional diplomacia prudente y discreta para adoptar una orientación considerablemente más ambiciosa, intervencionista y sustentada en el empleo del poder coercitivo. La intervención militar en Yemen, iniciada en marzo de 2015, constituyó la manifestación más tangible y costosa de esta transformación radical de la doctrina estratégica saudí.
Riad decidió intervenir directamente sobre el terreno con el propósito de impedir la consolidación de un orden político hostil a lo largo de sus fronteras, modificar las correlaciones de fuerzas existentes y afianzar su influencia regional. Sin embargo, esta orientación más agresiva de la política exterior avanzó paralelamente a profundas y desestabilizadoras transformaciones en la arquitectura interna del poder que había regido a la dinastía saudí durante décadas.
El vertiginoso ascenso del príncipe heredero Mohamed bin Salmán y la progresiva concentración del poder en sus manos desembocaron en la subordinación de los mecanismos de toma de decisiones a un círculo extraordinariamente reducido y centralizado.
El desplazamiento de las ramas históricas de la dinastía que, desde el reinado de Faisal, habían administrado la burocracia de seguridad y las principales instituciones estratégicas del Estado, así como la reducción de sus atribuciones, permitió indudablemente acelerar de manera considerable la adopción de decisiones en el seno del palacio.
No obstante, esta centralización extrema también deterioró los equilibrios tradicionales de poder, los mecanismos de control y el consenso dinástico sustentado en la negociación, elementos a los que el reino había debido buena parte de su estabilidad interna durante décadas.
Las iniciativas de gran proyección y elevado riesgo emprendidas en el ámbito de la política exterior no encontraron, dentro del país, un grado equivalente de consenso y respaldo entre las élites dinásticas. Así, mientras aumentaba la velocidad de los procesos decisorios, las bases de legitimidad institucional y dinástica sobre las que descansaban tales decisiones se estrechaban progresivamente.
Dado que la Casa de Saúd constituye un centro de poder profundamente arraigado en el tejido social mediante los vínculos consanguíneos y matrimoniales que sus miembros mantienen con poderosas tribus, notables locales y autoridades religiosas, esta fractura entre las élites palaciegas no puede quedar circunscrita a una simple disputa burocrática por cargos y atribuciones.
La alteración del equilibrio tradicional entre las distintas ramas de la dinastía y la exclusión de algunas de ellas de los mecanismos de poder poseen el potencial de generar descontento y alienación entre amplios sectores sociales vinculados históricamente a dichas ramas por relaciones tribales, familiares y sociopolíticas.
A medida que se reducen los espacios de distribución del poder y los canales de representación dentro del palacio, se vuelve cada vez más difícil evitar la aparición de fisuras en los vínculos de adhesión y lealtad al régimen, tanto entre los actores excluidos como entre los extensos entramados sociales que estos representan.
Estas tensiones internas, al confluir con el cerco geopolítico al que Arabia Saudí se ha visto sometida desde 2020, han configurado un escenario de vulnerabilidad considerablemente más pronunciada.
En efecto, durante el período posterior a 2020, Riad volvió a encontrarse, de manera semejante a lo ocurrido durante la crisis de la década de 1960, en medio de una confrontación extraordinariamente peligrosa y desgastante en dos frentes simultáneos: al este, la amenaza iraní, cuya presión se intensificaba a través del golfo Pérsico; al sur, el frente yemení, desde el cual misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados de ataque suicida amenazaban directamente las infraestructuras energéticas estratégicas del reino y su propia capital.
La gestión de un cerco estratégico de semejante magnitud, articulado sobre dos frentes, no puede sustentarse exclusivamente en la disponibilidad de equipamiento militar ni en los ingresos procedentes del petróleo.
Requiere una percepción precisa de la naturaleza de las amenazas, una coordinación impecable entre las instituciones militares, los servicios de inteligencia y los organismos diplomáticos y, sobre todo, un compromiso pleno y compartido de las élites gobernantes con las decisiones estratégicas adoptadas.
Cuando el consenso dinástico se debilita en el ámbito interno, sostener una confrontación exterior de semejante complejidad en dos frentes, lejos de contribuir a una definición más clara de los objetivos estratégicos, termina por exacerbar las contradicciones operativas sobre el terreno, incrementar los costes de la confrontación y profundizar las vulnerabilidades estructurales del régimen.
En definitiva, la crisis de Yemen no constituye para Arabia Saudí únicamente un desafío militar persistente en su frontera meridional, sino también una auténtica piedra de toque que pone a prueba los equilibrios políticos internos del reino y los fundamentos sobre los que descansa la legitimidad del régimen. La experiencia histórica de la década de 1960 demostró con claridad cómo el desgaste derivado de los reveses en política exterior puede transformarse en una amenaza existencial para el régimen cuando socava el consenso en el seno de la dinastía gobernante. En la actualidad, aunque la política de centralización impulsada por Mohamed bin Salmán, orientada a concentrar el poder en sus propias manos, ha agilizado los mecanismos de toma de decisiones, también ha debilitado la capacidad de resiliencia del reino frente a las crisis, al marginar a las ramas históricamente arraigadas de la familia real y a las amplias alianzas sociales que estas representan. La imposibilidad de alcanzar una estabilidad duradera en Yemen y la consiguiente intensificación de las amenazas asimétricas contra la seguridad contribuyen a hacer cada vez más visibles estas fracturas internas.
En este contexto, cabe sostener que la capacidad del gobierno de Riad para encontrar una salida estratégica a la crisis yemení depende, ante todo, del restablecimiento del consenso entre los miembros de la dinastía en el frente interno. El retorno del príncipe heredero a los principios tradicionales de la gobernanza saudí, mediante la reapertura de los canales de consulta con las distintas ramas de la familia real y la adopción de medidas destinadas a reincorporar a las élites políticas marginadas en los procesos de toma de decisiones, constituiría una opción política de importancia vital. La revitalización del entendimiento palaciego y del espíritu de liderazgo colectivo no solo fortalecería el respaldo social e institucional a la política exterior del reino, sino que también facilitaría la formulación de una visión de paz multidimensional, equilibrada y sostenible para la cuestión yemení. En última instancia, difícilmente puede concebirse que un Riad incapaz de consolidar su propio consenso interno logre resolver de manera definitiva la crisis que se desarrolla al sur de sus fronteras y preserve, al mismo tiempo, su condición de actor determinante en la arquitectura de seguridad regional.
[1] Profesor asociado (Dr.) y director del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Mardin Artuklu. Correo electrónico: necmettinacar\@artuklu.edu.tr.