El problema del polizón como contrapeso frente a la extralimitación del poder estatal

Según la concepción económica neoclásica, los bienes públicos o colectivos, como la defensa, la administración de justicia y las infraestructuras, no pueden ser producidos de manera óptima por el libre mercado. Dado que estos bienes están disponibles para el conjunto de la sociedad y que nadie puede ser excluido de sus beneficios, los individuos racionales se verían incentivados a adoptar comportamientos oportunistas, es decir, a beneficiarse de ellos sin contribuir a su financiación. Actuarían, por tanto, como polizones (free riders), trasladando los costes a los demás. El resultado sería lo que la teoría económica denomina un «fallo de mercado»: una situación en la que los bienes públicos se producen en cantidades insuficientes o, sencillamente, no llegan a producirse.

Históricamente, la solución propuesta a este problema ha descansado, por lo general, en el monopolio estatal del uso de la fuerza física. Mediante la imposición obligatoria de tributos, todos los individuos son compelidos a contribuir a la financiación de dichos bienes.

El faro constituye un ejemplo recurrente en la literatura socioeconómica. Una vez construido, todos los barcos pueden beneficiarse de su funcionamiento; sin embargo, ¿quién debe sufragar los costes de construcción y mantenimiento? El argumento tradicional sostiene que tales contribuciones no se producirían voluntariamente y que, por consiguiente, la intervención del Estado resulta indispensable.

La misma lógica se aplica a la defensa. Se presume que muy pocas personas estarían dispuestas a contribuir voluntariamente, en una proporción suficiente, al sostenimiento de una fuerza defensiva, aunque, una vez constituida, toda la población se beneficiaría de su protección. Esta es la justificación económica que subyace a la tributación obligatoria destinada a financiar la defensa.

La solución estatal al problema del polizón encierra una contradicción

Si las premisas sobre las que se fundamenta el problema del polizón fueran universalmente válidas, la propia existencia del Estado resultaría imposible.

La teoría del Estado parte del supuesto de que los seres humanos, en un hipotético estado de naturaleza, son demasiado egoístas y cortos de miras para cooperar voluntariamente en la búsqueda de soluciones colectivas. Sin embargo, el Estado no surge de la nada: también es creado, organizado, administrado y gobernado por seres humanos.

Si la naturaleza humana es esencialmente interesada y egoísta, ¿por qué habríamos de confiar en que quienes ocupan posiciones de poder dentro del aparato estatal actuarán en beneficio del interés general?

Por el contrario, la historia demuestra que políticos y burócratas poseen poderosos incentivos personales para ampliar sus presupuestos, extender sus ámbitos de competencia y aumentar su capacidad de control sobre la población.

El hecho de que, a lo largo de la historia, los seres humanos se hayan organizado en movimientos de resistencia y hayan arriesgado sus vidas en levantamientos contra Estados tiránicos constituye una evidencia contraria a la teoría según la cual las personas son, por naturaleza, polizones cuando se trata de bienes públicos.

Una insurrección representa un bien colectivo cuya consecución entraña enormes riesgos personales para quienes participan en ella, mientras que su recompensa potencial —la libertad— beneficia a todos, incluidos aquellos que permanecen pasivos. Y, pese a ello, los seres humanos continúan rebelándose.

La falacia del supuesto del ser humano racional

La principal deficiencia de la teoría del Estado radica en su concepción profundamente desconfiada de la naturaleza humana. Esta perspectiva concibe al individuo como un ser aislado, egoísta y calculador, el denominado Homo economicus, que debe ser obligado a cooperar cuando se trata de producir o preservar bienes públicos.

Sin embargo, la biología evolutiva y la antropología contemporáneas han demostrado que los seres humanos constituyen una especie profundamente social.

Durante cientos de miles de años, mucho antes de la aparición de los primeros Estados, la supervivencia de nuestros antepasados dependió de su capacidad innata para cooperar voluntariamente, resolver problemas colectivos y compartir recursos tanto con personas conocidas como con desconocidas.

La economista Elinor Ostrom, galardonada con el Premio Nobel, documentó mediante extensas investigaciones empíricas que las comunidades locales de distintas regiones del mundo poseen una notable capacidad para gestionar recursos de uso común y afrontar desafíos colectivos sin necesidad de una regulación estatal generalizada.

Ostrom demostró que los seres humanos desarrollan espontáneamente complejos sistemas de confianza, reciprocidad y sanciones sociales destinados a limitar los comportamientos oportunistas de quienes pretenden beneficiarse de los esfuerzos colectivos sin contribuir a ellos.

Una de las principales razones por las que esta visión desconfiada de la naturaleza humana ha perdurado durante tanto tiempo en la ciencia política y la economía reside en una debilidad metodológica fundamental.

Los economistas recurren a la simplificación de la realidad para elaborar simulaciones económicas, construir modelos de datos y resolver ecuaciones diferenciales.

El concepto de Homo economicus no fue concebido porque describiera fielmente a los seres humanos reales, sino porque un agente enteramente calculador y racional, semejante a un autómata, constituye el único tipo de actor suficientemente predecible como para ajustarse con facilidad a un modelo matemático.

Cuando se utilizan modelos de simulación que excluyen la capacidad humana de cooperación voluntaria y el sentido de la justicia, el resultado matemático es invariable: a menos que intervenga una fuerza externa, la sociedad termina colapsando como consecuencia del problema del polizón.

Al confundir estos modelos abstractos con el funcionamiento efectivo del mundo real, tecnócratas y políticos han incurrido en una simplificación profundamente equivocada.

De este modo, han concebido una organización social fundamentada en la coerción y legitimada mediante modelos matemáticos que, desde su propia formulación, habían excluido la benevolencia humana y la cooperación voluntaria.

Como también señaló Ludwig von Mises, no existe ninguna constante en la acción humana, circunstancia que cuestiona de manera fundamental la validez de los modelos matemáticos aplicados a las interacciones entre individuos.

El «polizón» como mecanismo de control de calidad

Cuando las soluciones colectivas deben surgir necesariamente de la cooperación voluntaria, las dinámicas sociales se transforman de manera radical.

Sin el respaldo de un monopolio de la violencia, los planificadores no pueden enviar a la policía para apropiarse coercitivamente de los recursos de los ciudadanos. Los proyectos deben obtener financiación mediante argumentos, persuasión y evaluaciones de su utilidad.

En una sociedad organizada de este modo, la posibilidad de que los individuos opten por comportarse como «polizones», retirando su apoyo económico, funciona como un mecanismo permanente de control de calidad.

Si quienes administran un proyecto colectivo incurren en prácticas corruptas, despilfarran recursos o se extralimitan en sus funciones originales, los contribuyentes pueden dejar de financiarlo.

Esta dinámica obliga a mantener la transparencia, la eficiencia y la moderación. Asimismo, exige aceptar la disidencia.

Si un proyecto resulta tan deficiente o controvertido que la mayoría de las personas no está dispuesta a respaldarlo voluntariamente, quizá lo más razonable sea que nunca llegue a ejecutarse.

Cuando el Estado interviene y monopoliza las soluciones colectivas, estos mecanismos descentralizados de supervisión voluntaria quedan desactivados.

Dado que el Estado obtiene sus recursos mediante mecanismos coercitivos fundamentalmente, la tributación, la financiación de los servicios queda desvinculada de su calidad.

La posibilidad de expresar el desacuerdo retirando las contribuciones económicas pasa entonces a ser considerada un delito de evasión fiscal.

Como consecuencia, desaparece uno de los frenos naturales frente a la extralimitación del poder estatal.

La historia demuestra, según esta perspectiva, que los mecanismos institucionales de control y equilibrio establecidos en torno al Estado —como la separación de poderes, las constituciones y las elecciones periódicas—, en el mejor de los casos, únicamente consiguen ralentizar temporalmente su expansión.

Con frecuencia, incluso terminan funcionando como instrumentos que legitiman un incremento cada vez más acelerado del poder coercitivo estatal.

Gracias a la vigilancia tecnológica masiva, la regulación minuciosa de la vida cotidiana y el fenómeno que el politólogo Robert Higgs denominó «efecto trinquete» (ratchet effect) la tendencia del Estado a ampliar sus atribuciones durante las crisis sin renunciar posteriormente a ellas en su totalidad, las democracias contemporáneas ejercen sobre los individuos un grado de control que los tiranos de épocas anteriores apenas habrían podido imaginar.