El Mar Rojo No Se Conquista Mediante La Guerra

Las tensiones actuales entre ambas partes no pueden comprenderse únicamente a través de las acusaciones recíprocas de agresión o de los recientes movimientos militares. El Gobierno de Abiy ha recurrido reiteradamente a argumentos relacionados con la seguridad, la geografía, la magnitud demográfica y el desarrollo económico para presentar la ausencia de una salida marítima como una amenaza existencial para Etiopía. Tales argumentos han contribuido a normalizar la idea de que el futuro del país depende de la obtención de un acceso soberano al mar, con independencia de los derechos territoriales de sus vecinos.

Ninguna de estas consideraciones confiere derecho alguno sobre el territorio de otro Estado.

Eritrea es un Estado soberano, independiente y reconocido internacionalmente. Assab y Massawa son puertos eritreos. El hecho de que Etiopía considere indispensable el acceso al mar para su desarrollo no convierte el estatuto jurídico de dichos puertos en una cuestión susceptible de negociación.

Las reiteradas garantías de Abiy acerca de la voluntad de Etiopía de alcanzar una solución pacífica no pueden evaluarse al margen de las reivindicaciones que las acompañan. El acceso comercial a un puerto y el ejercicio de un control soberano sobre el litoral de otro país constituyen dos cuestiones fundamentalmente distintas. La primera representa un objeto legítimo de negociación. La segunda desafía principios consolidados relativos a la soberanía territorial y a la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza.

Los acontecimientos registrados a comienzos de octubre de 2026 pusieron de manifiesto estas contradicciones. El 1 de octubre, Etiopía ordenó el cierre de su embajada en Asmara y expulsó a los diplomáticos eritreos. Eritrea respondió rompiendo las relaciones diplomáticas. Esta ruptura coincidió con la reanudación de los enfrentamientos entre las fuerzas federales etíopes y una alianza opositora que incluía al Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF).

Para el 5 de octubre, las fuerzas aliadas del Gobierno etíope habían entrado en Mekele tras la retirada de las unidades del TPLF. Posteriormente, surgieron informaciones sobre la entrada de tropas eritreas en el norte de Tigray y sobre posibles ataques con drones perpetrados por Etiopía contra posiciones eritreas próximas a Adigrat.

El 9 de octubre, mediante una carta remitida al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Etiopía acusó a Eritrea de llevar a cabo una invasión a gran escala y afirmó que las fuerzas eritreas habían penetrado hasta unos sesenta kilómetros en territorio etíope. Por su parte, el ministro de Información eritreo, Yemane Gebremeskel, sostuvo que Etiopía estaba librando una guerra de agresión al reiterar sus pretensiones de poseer un derecho de acceso soberano al mar.

Estas acusaciones requieren una verificación independiente. Sin embargo, la actual confrontación militar no debe eclipsar la trayectoria política que la precedió. Incluso mientras se intensificaban los combates en el norte de Etiopía, Abiy reafirmó su determinación de conseguir una salida al mar, presentando el acceso marítimo como una condición indispensable para el desarrollo nacional.

La coincidencia temporal resulta especialmente significativa. Etiopía afronta una nueva guerra en Tigray, movimientos de resistencia armada en otras regiones y una crisis cada vez más profunda de legitimidad política. Pese a ello, el mar Rojo continúa ocupando un lugar central en la agenda nacional del primer ministro.

En un artículo publicado en agosto de 2026 bajo el título «Condenen las amenazas de invasión de Eritrea por parte del régimen de Abiy Ahmed», el exembajador eritreo Andebrhan Welde Giorgis examinó la evolución de las reivindicaciones marítimas de Abiy desde su discurso parlamentario de octubre de 2023. Andebrhan sostuvo que dichas pretensiones se habían transformado progresivamente en un desafío cada vez más explícito a la soberanía eritrea.

Sus críticas también alcanzaban al Gobierno de Eritrea, al que atribuía el debilitamiento de la posición del país como consecuencia de sus fracasos diplomáticos. Esta distinción reviste una importancia fundamental. Defender la soberanía de Eritrea no equivale a defender al presidente Isaias Afwerki. El derecho del pueblo eritreo a determinar su propio futuro político existe con independencia del Gobierno establecido en Asmara.

La condición de Etiopía como Estado sin litoral tampoco constituye, por sí misma, una crisis existencial. Numerosos países carentes de acceso directo al mar han alcanzado la prosperidad mediante acuerdos negociados que les permiten utilizar los puertos de Estados vecinos. La propia Etiopía depende en gran medida de Yibuti. La dependencia del tránsito internacional genera vulnerabilidades económicas, pero estas pertenecen al ámbito de la diplomacia, las infraestructuras y la cooperación regional; no constituyen una justificación para la adquisición territorial.

La crisis existencial más urgente de Etiopía se encuentra en el seno de su propio orden político.

La reanudación de los enfrentamientos en Tigray, la insurgencia armada en Amhara, la inseguridad en Oromía y la aparición de alianzas contrarias al Gobierno federal dibujan el panorama de un Estado inmerso en una profunda fragmentación política. El Acuerdo de Pretoria de 2022 puso fin a la fase principal de la guerra de Tigray, pero dejó sin resolver numerosas controversias estructurales que habían alimentado el conflicto.

A mi juicio, Etiopía se enfrenta a la desintegración de un orden político de naturaleza imperial, cuyo centro ya no posee la capacidad de mantener cohesionadas las regiones periféricas como lo hacía anteriormente. Las identidades nacionales enfrentadas, las fronteras disputadas, las controversias en torno al federalismo y la distribución desigual del poder han configurado una crisis que no puede resolverse mediante victorias militares.

La campaña de Abiy en torno al mar Rojo debe interpretarse dentro de este contexto. Al presentar el acceso marítimo como una cuestión de supervivencia nacional, desplaza la atención hacia un objetivo territorial externo mientras las contradicciones internas de Etiopía permanecen irresueltas. De este modo, la soberanía de otro Estado acaba convirtiéndose en un obstáculo para el destino nacional que Etiopía se atribuye a sí misma.

Etiopía no se asfixia por carecer de litoral. Se asfixia porque su propio orden político interno se está desmoronando.

Las garantías de Abiy sobre sus intenciones pacíficas también deben examinarse a la luz de la conducta de su Gobierno durante la guerra de Tigray. En julio de 2021, tras la retirada de las fuerzas federales etíopes de Mekele, Abiy comparó públicamente la capital regional con Beshasha, una pequeña localidad vinculada a su infancia. Con ello insinuó que Mekele había perdido buena parte de su relevancia económica y estratégica.

Estas declaraciones se produjeron después de meses de una guerra devastadora, durante la cual las infraestructuras fueron destruidas, los medios de subsistencia quedaron gravemente afectados y la población civil padeció sufrimientos de enorme magnitud. Constituyeron una señal inquietante de la manera en que el primer ministro interpretaba las consecuencias de la destrucción militar.

La guerra anterior también demostró hasta qué punto resulta estéril sustituir las soluciones políticas por el empleo de la fuerza militar. Durante el conflicto de 2020-2022, las fuerzas etíopes y eritreas combatieron conjuntamente contra el TPLF. Desde entonces, aquella alianza se ha transformado en hostilidad, mientras Tigray vuelve a convertirse en escenario de una confrontación interestatal.

La población de Tigray ya ha soportado pérdidas de dimensiones catastróficas. La reanudación de la guerra amenaza con provocar nuevos desplazamientos forzosos y una destrucción aún mayor. Los eritreos, por su parte, afrontan la posibilidad de otro conflicto después de décadas de militarización, dificultades económicas y represión política. Ninguno de estos pueblos obtendrá beneficio alguno de un nuevo ciclo de violencia.

El derecho internacional establece una distinción inequívoca entre los intereses comerciales legítimos y las reivindicaciones de soberanía territorial. Conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los Estados ribereños ejercen soberanía sobre sus aguas territoriales y derechos soberanos dentro de sus zonas económicas exclusivas. Los Estados sin litoral también disfrutan de derechos de acceso al mar y desde el mar, así como de libertad de tránsito, sujetos a los acuerdos pertinentes. Sin embargo, tales derechos no les confieren soberanía sobre el litoral ni sobre los puertos de otro Estado.

Etiopía puede entablar negociaciones con Eritrea, Yibuti, Somalia u otros Estados ribereños en materia de arrendamiento de instalaciones portuarias, corredores de tránsito y asociaciones comerciales. No obstante, la necesidad económica no genera derechos de soberanía, del mismo modo que los acuerdos obtenidos mediante amenazas no constituyen una auténtica expresión de cooperación regional.

El acceso puede negociarse. La soberanía, en cambio, no puede adquirirse invocando la necesidad.

El conflicto actual también se está integrando en una confrontación geopolítica de mayor alcance. El 4 de octubre de 2026, los dirigentes de Egipto, Eritrea, Sudán y Somalia se reunieron en Nuevo Alamein. En su declaración conjunta reafirmaron la libertad de navegación y proclamaron que la gestión del mar Rojo corresponde exclusivamente a los Estados ribereños. El documento también subrayó los principios de integridad territorial, no injerencia en los asuntos internos y resolución pacífica de las controversias.

La declaración reflejaba preocupaciones que trascendían las aspiraciones marítimas de Etiopía. La disputa en torno al Nilo ha deteriorado las relaciones entre Etiopía, Egipto y Sudán. La política etíope respecto de Somalilandia ha provocado tensiones con Somalia. La guerra sudanesa y la creciente militarización del mar Rojo han complicado todavía más el entramado de alianzas regionales.

Estos conflictos no son fenómenos aislados. La fragmentación política interna de Etiopía se entrelaza cada vez más estrechamente con la geopolítica del mar Rojo, donde los puertos, las alianzas militares, las infraestructuras, los recursos minerales y el patrocinio político se han convertido en instrumentos de competencia regional.

Las potencias extranjeras también contribuyen a incrementar el peligro. El embajador de Israel en Adís Abeba manifestó públicamente su respaldo a las aspiraciones etíopes en el mar Rojo, calificando dicho apoyo como parte de la política israelí. Semejante posicionamiento suscita serios interrogantes, especialmente mientras los Estados ribereños vecinos debaten las consecuencias que tales aspiraciones podrían tener para su propia soberanía.

Los Emiratos Árabes Unidos han desarrollado extensas relaciones comerciales, políticas y de seguridad con Etiopía, Somalilandia, Puntlandia y otros territorios de la región. Sus actividades en el ámbito portuario, las infraestructuras y las asociaciones regionales sitúan al país en el centro de diversas rivalidades estratégicas superpuestas.

El respaldo exterior puede alentar a los actores regionales y, al mismo tiempo, proteger a las potencias patrocinadoras de los costes humanos de los enfrentamientos. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética fueron las principales potencias extranjeras que compitieron por la influencia en el Cuerno de África. La región se convirtió en uno de los escenarios donde la Guerra Fría se transformó brutalmente en conflictos armados abiertos. Aunque los patrocinadores actuales sean diferentes, el potencial destructivo de la política de guerras por delegación permanece intacto. Existe, sin embargo, otro camino.

Tras el acercamiento entre Etiopía y Eritrea en 2018, Arkebe Oqubay, uno de los arquitectos de la anterior estrategia de desarrollo etíope, destacó las oportunidades que podían derivarse de los programas económicos conjuntos, el uso compartido de las instalaciones portuarias y la reducción de los costes de transporte. Según la reseña de sus declaraciones difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Etiopía, la paz con Eritrea se presentaba como una oportunidad para impulsar una transformación económica regional.

Este sigue siendo el enfoque más razonable. Etiopía podría beneficiarse de un acceso fiable a los puertos eritreos. Eritrea, por su parte, también podría obtener ventajas del comercio con Etiopía, siempre que los acuerdos se fundamentaran en la voluntad libremente expresada de ambas partes y en el beneficio mutuo. Yibuti ya ha demostrado la importancia económica de los servicios de tránsito. Las particularidades geográficas de la región podrían convertirse en una fuente de prosperidad compartida, en lugar de alimentar disputas territoriales.

El mismo principio resulta aplicable a la orilla opuesta del mar Rojo. Yemen ocupa una de las posiciones geográficas de mayor valor estratégico para la navegación marítima mundial. Sin embargo, años de enfrentamientos han devastado su economía y su tejido social. La situación yemení demuestra que una ubicación geográfica privilegiada no garantiza, por sí sola, ni prosperidad ni seguridad. Por el contrario, las luchas políticas internas, las intervenciones extranjeras y los intereses regionales contrapuestos han transformado su posición estratégica en una fuente de inestabilidad prolongada.

Yemen necesita reconstrucción, puertos operativos, empleo y comercio. Las costas africanas requieren exactamente lo mismo. Eritrea, Yemen y Yibuti ocupan posiciones estratégicas alrededor del estrecho de Bab el-Mandeb, uno de los pasos marítimos más importantes del planeta. Su ubicación geográfica podría sustentar economías prósperas basadas en el transporte marítimo, la logística, la pesca y el intercambio comercial. Sin embargo, en lugar de aprovechar estas oportunidades, la región se convierte, una y otra vez, en escenario de rivalidades militares e intervenciones extranjeras.

El Cuerno de África ha padecido guerras a lo largo de generaciones. Cada conflicto engendra un nuevo sentimiento de agravio, un nuevo movimiento armado, una nueva intervención exterior y una nueva generación que crece bajo la sombra de la militarización.

Con demasiada frecuencia, la diplomacia internacional solo entra en acción cuando la catástrofe ya se ha vuelto inevitable. Tras el genocidio de Ruanda, Bill Clinton reconoció que la comunidad internacional no había actuado con la suficiente celeridad. La enseñanza que debe extraerse de aquel episodio no es que el Cuerno de África contemporáneo sea equivalente a la Ruanda de 1994. La verdadera lección es que esperar hasta que la violencia masiva se manifieste de manera inequívoca constituye, en sí mismo, un fracaso diplomático.

Las consecuencias potenciales de este enfrentamiento trascienden ampliamente las fronteras de Etiopía y Eritrea. Sudán, Somalia, Egipto y Yemen se encuentran inmersos en crisis interrelacionadas, mientras que los Estados del Golfo, Israel y otros actores internacionales persiguen sus propios intereses estratégicos en el mismo espacio geográfico. Una guerra de mayores dimensiones podría desestabilizar la totalidad del corredor del mar Rojo.

Evitar semejante desenlace exige mucho más que expresar preocupación. Requiere respetar las fronteras internacionalmente reconocidas, rechazar la adquisición de territorios mediante el uso de la fuerza, garantizar la protección de la población civil y mantener esfuerzos diplomáticos sostenidos. Del mismo modo que no puede considerarse legítima una intervención militar extranjera en territorio etíope, también debe respetarse la soberanía de Eritrea. Ninguno de estos principios invalida al otro.

La necesidad económica de Etiopía de acceder al mar es legítima. Sin embargo, no lo es su pretensión de ejercer un control soberano sobre el litoral de otro Estado. La independencia de Eritrea no constituye una concesión susceptible de renegociación, ni su soberanía puede quedar subordinada a los objetivos políticos de Etiopía.

La campaña de Abiy Ahmed en torno al mar Rojo ha transformado una cuestión económica susceptible de solución en una peligrosa disputa territorial. Al presentar el acceso marítimo soberano como una cuestión de supervivencia nacional, corre el riesgo de arrastrar a Etiopía y a sus vecinos hacia una nueva guerra, mientras los fundamentos políticos del Estado etíope continúan desmoronándose. La solución a la fragmentación interna de Etiopía no se encuentra en las costas de Eritrea. Tampoco los fracasos políticos de los gobiernos de Adís Abeba o Asmara pueden justificar el sacrificio de una nueva generación de etíopes y eritreos. El acceso comercial puede negociarse. La soberanía, en cambio, no puede exigirse. El mar Rojo debe constituir un corredor de comercio y cooperación, no un campo de batalla en el que los dirigentes políticos pretendan resolver sus propias crisis internas.

La comunidad internacional debe rechazar las presiones y las prácticas coercitivas destinadas a imponer reivindicaciones territoriales antes de que las amenazas se transformen en actos de guerra irreversibles. Los pueblos del Cuerno de África ya han pagado un precio extraordinariamente elevado por el nacionalismo militarizado, las intervenciones extranjeras y las ambiciones de dirigentes que consideran prescindible la vida humana. El mar Rojo no puede conquistarse mediante la guerra. Su futuro debe garantizarse a través de la paz, la cooperación y el respeto a la soberanía.