De Gaza y Alepo a Taiz: el coste humanitario del asedio hutí
Desde 2015, los hutíes mantenían cercada la ciudad por tres de sus flancos. La carretera Bir Basha-Dabab, situada al sur de la ciudad, había permanecido como la última vía abierta que conectaba Taiz con el mundo exterior a través de Turba. Sin embargo, a comienzos de octubre de 2026, los hutíes cerraron también esta carretera, completando así el cerco por los cuatro costados y dejando a Taiz completamente aislada del exterior. Esta medida constituye una consecuencia directa de los enfrentamientos militares que se prolongan desde agosto. Los hutíes golpistas, que avanzan a lo largo de la costa del mar Rojo, están utilizando Taiz como instrumento de presión frente a la operación «Amanecer de Yemen» (Yemen’s Dawn), lanzada por el Gobierno. Más aún, según los informes publicados por instituciones yemeníes, cerca de 2,8 millones de personas que viven actualmente en el centro urbano de Taiz y sus alrededores se encuentran, de facto, aisladas del mundo como consecuencia del asedio impuesto por los hutíes.
El colapso de las infraestructuras
Los informes procedentes del terreno revelan con claridad cómo el asedio hutí puede llevar al colapso, en cuestión de pocas semanas, de las infraestructuras vitales de una ciudad hasta convertirla prácticamente en un lugar inhabitable. El combustible se encuentra en el epicentro de este desplome. Debido a que los hutíes impiden la entrada de carburantes y bombonas de gas en la ciudad, todas las estaciones de servicio y los puntos de suministro de gas de Taiz han cerrado. Además, el combustible destinado a la ciudad permanece retenido en el distrito de Tur al-Baha, perteneciente a la provincia de Lahij, al sur de Taiz. Los hutíes no permiten que ese suministro llegue a su destino.
La interrupción del abastecimiento de combustible ha desencadenado un efecto dominó que afecta a todos los ámbitos de la vida urbana. La central eléctrica pública de Taiz fue destruida al comienzo de la guerra y nunca volvió a ser reparada. Como consecuencia, los pozos de agua y las estaciones de bombeo de la ciudad dependen de generadores que funcionan con diésel. Ante la imposibilidad de conseguir este combustible, las bombas han dejado de funcionar y la producción de agua de la ciudad se ha reducido aproximadamente a la mitad. Incluso antes del asedio, el suministro de agua de la red pública era insuficiente y apenas cubría el 30 % de las necesidades de la población. En la actualidad, esa proporción ha caído hasta el 8,2 %. Dicho de otro modo, los habitantes de Taiz se ven obligados a satisfacer más del 90 % de sus necesidades de agua mediante fuentes ajenas a la red pública, costosas y, con frecuencia, insalubres. La misma escasez de combustible ha paralizado los vehículos de recogida de residuos. La acumulación de basura en los barrios más densamente poblados, sumada a la reducción del acceso al agua potable, incrementa el riesgo de propagación de enfermedades epidémicas como el cólera.
Las consecuencias más devastadoras de la crisis del combustible se manifiestan en el ámbito sanitario. El centro de diálisis renal de Taiz constituye uno de los ejemplos más estremecedores. En sus instalaciones reciben tratamiento regular 270 pacientes con insuficiencia renal. Antes del asedio, el centro podía realizar alrededor de 77 sesiones de diálisis al día para atenderlos. Sin embargo, el cerco no solo ha dificultado el desplazamiento de los pacientes hasta las instalaciones, sino que también ha provocado la escasez de diésel necesario para alimentar los generadores que mantienen en funcionamiento los equipos médicos. Como resultado, el número de sesiones diarias ha descendido a 37 y su duración se ha reducido a la mitad. En otras palabras, los pacientes reciben ahora tratamientos menos frecuentes y de menor duración. Entre 40 y 50 enfermos procedentes de zonas situadas fuera de la ciudad, como Sharab, Hawban y Yabal Habashi, ni siquiera pueden llegar al centro debido al cierre de las carreteras. Las reservas de material para diálisis apenas alcanzan para dos o tres semanas. Los pacientes se ven obligados a adquirir por sus propios medios en el mercado suministros básicos, como las soluciones intravenosas. La dirección del centro ha advertido de que, si se interrumpen los tratamientos de diálisis, la inmensa mayoría de los pacientes podría perder la vida.
Una amenaza similar se cierne sobre el suministro de oxígeno. Las tres plantas de producción de oxígeno de Taiz dependen del diésel y de la electricidad, por lo que su actividad corre el riesgo de paralizarse en cualquier momento. Esta situación supone una amenaza directa para los recién nacidos que permanecen en incubadoras y para los pacientes que dependen del oxígeno para sobrevivir. Asimismo, numerosas personas con cáncer y enfermedades crónicas no consiguen acceder a sus medicamentos.
El impacto del asedio sobre el abastecimiento de alimentos es igualmente devastador. A medida que se restringe la entrada de mercancías en la ciudad, la oferta de productos en los mercados disminuye y los precios se disparan. El precio de un saco de diez kilos de trigo ha pasado de 8.800 a 12.000 riales en apenas dos semanas. El arroz, también en presentaciones de diez kilos, ha subido de 21.000 a 26.000 riales. En el mercado negro, el precio de veinte litros de gasolina se ha disparado de 30.000 a 80.000 riales. La falta de combustible ha dejado además sin trabajo a miles de familias cuyo sustento cotidiano dependía del transporte de pasajeros en minibuses y motocicletas. Estas familias tienen que hacer frente, por un lado, al encarecimiento vertiginoso de los productos básicos y, por otro, a la pérdida total de sus ingresos. El comité de emergencia de la ciudad ha advertido de que, si el asedio continúa, Taiz podría verse abocada a una situación de hambruna. Por su parte, cerca de 29.500 personas que anteriormente habían huido de los enfrentamientos en Maqbanah y Yabal Habashi para refugiarse en distintos distritos de la ciudad se encuentran ahora atrapadas dentro del cerco. Para ellas, el asedio representa una nueva catástrofe que se suma al desplazamiento forzoso que ya habían sufrido.
De Gaza y Alepo a Taiz: cuando el hambre se convierte en arma
Lo que sucede en Taiz evoca dos escenarios bien conocidos de la historia reciente de la región: el bloqueo impuesto por Israel a Gaza y el asedio al que el régimen de Asad sometió Alepo Oriental en 2016. La escala, los actores y el contexto político de estos tres casos son diferentes. Sin embargo, en los tres se observa el recurso a un mismo método por parte de quienes ejercen el cerco —Israel como potencia ocupante, el régimen de Asad y los hutíes—. El acceso de la población civil a los alimentos, el agua, el combustible y los medicamentos queda sometido a un control coercitivo que se transforma en un instrumento de presión destinado a forzar la capitulación militar o política del adversario. En Alepo, este método quedó grabado en la memoria colectiva bajo la fórmula «ríndete o muere de hambre». En Gaza, por su parte, Human Rights Watch (HRW) denunció, a finales de 2023, que Israel estaba utilizando el hambre como arma de guerra. Amnistía Internacional también ha documentado ampliamente las prácticas destinadas a privar a la población civil de las condiciones indispensables para su supervivencia.
En el caso de Taiz, los informes de las organizaciones de derechos humanos apuntan en la misma dirección. En un informe publicado en 2023, HRW documentó la interferencia deliberada de los hutíes en las fuentes de abastecimiento de agua de la ciudad, al tiempo que recogió también las violaciones cometidas por las fuerzas gubernamentales y la coalición. Un año antes, en 2022, dieciséis organizaciones de derechos humanos, entre ellas HRW y Amnistía Internacional, habían instado a los hutíes a poner fin al asedio. Estas organizaciones subrayaron que la población civil se veía obligada a utilizar peligrosas rutas de montaña para acceder a la ciudad y que se obstaculizaba la entrada de productos esenciales, medicamentos y ayuda humanitaria. En aquel momento, al menos todavía era posible llegar a Taiz a través de esos caminos montañosos. Hoy, sin embargo, el cierre de la última carretera que permanecía abierta ha endurecido el cerco hasta un punto difícilmente comparable con la situación de entonces.
De hecho, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, declaró el 20 de octubre que el cierre por parte de los hutíes de la única ruta de abastecimiento que conecta Taiz con Adén estaba exponiendo a la población civil a graves riesgos. Türk exigió que se permitiera la entrada inmediata de ayuda humanitaria en la ciudad y que los civiles que desearan abandonarla pudieran hacerlo de manera segura. Según los datos verificados por las Naciones Unidas, entre comienzos de agosto y el 19 de octubre perdieron la vida 32 civiles en la provincia de Taiz, entre ellos 14 niños y nueve mujeres.
El derecho internacional humanitario y el derecho islámico prohíben explícitamente el uso del hambre contra la población civil como método de guerra. Por consiguiente, lo que sucede en Taiz no constituye únicamente una crisis humanitaria, sino también una profunda crisis de legitimidad. La impunidad de la que han gozado las violaciones cometidas contra la población civil por Israel en Gaza y por el régimen de Asad en Alepo ha envalentonado a los hutíes, que consideran el asedio un instrumento legítimo de guerra. Por ello, mantener el mismo silencio ante la política hutí de convertir el hambre en un arma contra la población de Taiz entraña el riesgo de que esta práctica termine consolidándose como un método de guerra permanente en la región.
La profundización de la crisis
Otro de los factores que agravan la crisis de Taiz es la imposibilidad de hacer llegar la ayuda humanitaria a la ciudad. Al menos 600.000 personas dependen de la asistencia humanitaria. Sin embargo, debido al asedio, los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales de ayuda no pueden acceder a la ciudad de manera regular. La capacidad de respuesta humanitaria en el conjunto de Yemen también se ha reducido drásticamente: apenas se ha cubierto el 22 % de los fondos solicitados por la ONU para sus operaciones de asistencia en el país. A ello se suma que los 72 trabajadores de Naciones Unidas retenidos por los hutíes dificultan aún más las operaciones humanitarias. Los esfuerzos por cubrir este vacío mediante recursos e iniciativas locales también siguen siendo limitados. Las aportaciones de empresas privadas, como el Grupo Hail Said Anam, que ha conseguido introducir harina y productos alimentarios en la ciudad, han proporcionado un alivio temporal, pero resultan claramente insuficientes para satisfacer unas necesidades que crecen a un ritmo vertiginoso.
Todo este panorama pone de manifiesto que el asedio de Taiz constituye para los hutíes un instrumento tanto militar como político. Como ya señaló en 2022 la organización yemení de derechos humanos Mwatana, el cerco de Taiz lleva mucho tiempo utilizándose como moneda de cambio en la mesa de negociaciones. El alto el fuego de 2022 contemplaba la reapertura de las carreteras de Taiz; sin embargo, los hutíes rechazaron la propuesta de Naciones Unidas para proceder a su apertura gradual.
Esta experiencia demuestra que, mientras los hutíes conserven su actual capacidad militar, las negociaciones difícilmente podrán traducirse en un alivio duradero para la población civil de Taiz. Mientras no se debilite la capacidad militar en la que se sustenta su poder, las negociaciones corren el riesgo de convertirse, como ha sucedido en el pasado, en un mecanismo para ganar tiempo y recuperar fuerzas.