¿Cómo ha transformado Gaza a Europa?
La incapacidad de Europa para obligar al Gobierno israelí a rendir cuentas le ha costado una considerable pérdida de prestigio e influencia en el escenario internacional. Sin embargo, temo algo todavía más grave: Gaza está transformando a la propia Europa.
Los gobiernos europeos no han hecho nada para intentar detener el genocidio: no se han impuesto sanciones conjuntas, no se han establecido restricciones comerciales ni se ha puesto fin a la venta de armas a Israel. Mientras la Unión Europea ha sancionado a Rusia por su guerra en Ucrania, mantiene sus relaciones con Israel prácticamente como si nada hubiera ocurrido. Se trata de un doble rasero manifiesto.
Gaza ha puesto de relieve que el supuesto compromiso universal de Europa con los derechos humanos depende ahora de qué sufrimientos se consideran dignos de reconocimiento, qué formas de resistencia se juzgan legítimas y qué reivindicaciones de justicia merecen ser escuchadas. Los responsables políticos de la Unión Europea actúan de manera selectiva incluso a la hora de decidir qué organizaciones de mujeres deben ser ensalzadas como heroínas por su lucha contra la ocupación y qué niños merecen que se defienda su derecho a la vida.
Después de estos tres años, estoy convencida de que la cuestión palestina se ha convertido en una auténtica prueba de resistencia para la propia democracia europea. Las sociedades democráticas solo pueden prosperar cuando existe espacio para la diversidad de opiniones y la disidencia, incluidas aquellas expresiones que resultan incómodas, perturbadoras o políticamente inconvenientes.
Sin embargo, hoy, en toda Europa, gobiernos que alzan la voz contra las prácticas antidemocráticas en el extranjero imponen, sin el menor remordimiento, restricciones a la libertad de expresión y a las manifestaciones pacíficas dentro de sus propias fronteras. La violencia policial durante las protestas propalestinas se ha convertido en algo habitual. Mientras tanto, quienes no han cometido otro «delito» que defender públicamente los derechos del pueblo palestino son tratados cada vez con mayor frecuencia como delincuentes o considerados sospechosos.
La reiteración de estas situaciones erosiona la confianza de la ciudadanía en la legitimidad de los gobiernos y las instituciones democráticas. Como me señaló Rabin Baldewsingh, coordinador nacional de los Países Bajos para la lucha contra la discriminación y el racismo:
«Cuando una sociedad se encuentra profundamente dividida, los gobiernos y las instituciones públicas tienen la responsabilidad de no contribuir a intensificar la polarización».
Lamentablemente, todo parece indicar que está ocurriendo precisamente lo contrario.
Las divisiones sociales ya existían antes de la guerra de Gaza, pero durante los últimos tres años se han alimentado y profundizado. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea lleva mucho tiempo advirtiendo tanto sobre el racismo antimusulmán como sobre el antisemitismo.
Lo que se ha vuelto cada vez más preocupante en estos tres años es el enfoque político que, mientras considera acertadamente el antisemitismo relacionado con Gaza como una amenaza para la democracia, aborda la islamofobia desde una perspectiva centrada en la seguridad y la lucha contra el terrorismo.
No toda la responsabilidad de esta situación puede atribuirse a la extrema derecha. Es cierto que algunos grupos extremistas ocultan sus prejuicios profundamente arraigados tras la acusación de que los musulmanes y los refugiados son quienes han «importado» el antisemitismo a Europa.
Sin embargo, el Partido Popular Europeo (PPE) también está insuflando una nueva y peligrosa vitalidad a antiguos estereotipos islamófobos que ya habían sido desacreditados.
El PPE constituye la mayor «familia» política de la Unión Europea y reúne a dirigentes europeístas de centroderecha y conservadores, entre ellos Ursula von der Leyen y Magnus Brunner, máximo responsable de la política migratoria de la UE.
En junio, el partido respaldó una resolución que condenaba la supuesta «injerencia del islam político» en los procesos democráticos europeos.
Si el «islam político» estuviera interfiriendo realmente en la democracia europea, dicha resolución podría considerarse justificada, al menos en cierta medida. Sin embargo, no existe prueba alguna que respalde semejante afirmación y, desde luego, el documento no aporta ninguna evidencia concluyente.
Se limita a reproducir teorías conspirativas francesas sobre la supuesta «infiltración islamista en las instituciones» y reclama medidas severas contra personas a las que se atribuye una presunta pertenencia a redes de los Hermanos Musulmanes.
Aunque la resolución afirma establecer una distinción entre el «islam político» y la fe islámica, transmite más bien la impresión de constituir el inicio de una caza de brujas contra los musulmanes europeos.
Una resolución todavía más severa del PPE, que obtuvo el respaldo de la mayoría del Parlamento Europeo el 8 de octubre, va un paso más allá al poner bajo sospecha la lealtad, las actividades y la participación en la democracia europea de las organizaciones musulmanas de la sociedad civil.
Hiba Latreche, presidenta de FEMYSO, una red paneuropea de organizaciones juveniles musulmanas mencionada explícitamente en la ofensiva del PPE, ha puesto de manifiesto el callejón sin salida al que conducen estas acusaciones infundadas:
«Cuando no participamos activamente, se nos acusa de comunitarismo, separatismo y falta de integración. Cuando participamos y ejercemos una ciudadanía activa, se nos acusa de perseguir una agenda oculta».
Un contexto semejante exige medidas todavía más firmes para combatir la discriminación. Sin embargo, la Red Europea contra el Racismo (ENAR), una de las organizaciones más influyentes de Europa en la defensa de la igualdad, ha perdido recientemente la financiación que recibía de la Comisión Europea.
Ante el temor de que esta decisión pueda obligarla a suspender sus actividades antes de que termine el año, ENAR ha presentado un recurso judicial ante el Tribunal General de la Unión Europea.
Más allá de lo que resulta visible, en los pasillos del poder de la Unión Europea también operan numerosas «reglas no escritas de la era posterior a Gaza», mucho más difíciles de medir y cuestionar.
Funcionarios europeos me han señalado que la islamofobia se ha vuelto «bastante explícita», manifestándose en microagresiones y comentarios sobre el supuesto comportamiento «irracional y emocional» de los musulmanes.
Como ocurrió en el último discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado por Von der Leyen, muchos se refieren ahora a Gaza como una emergencia humanitaria, pero no como un genocidio perpetrado por seres humanos.
Existe consenso sobre la necesidad de actuar contra la violencia de los colonos y los asentamientos ilegales en Cisjordania. Estas prácticas se consideran obra de «extremistas», pero enfrentarse directamente al Gobierno israelí sigue resultando difícil.
Para muchas personas, este período ha estado marcado por conversaciones incómodas, rupturas de relaciones personales y profundas decepciones.
No obstante, también se han producido poderosas manifestaciones de solidaridad, a medida que los movimientos propalestinos se han extendido por toda Europa, incorporando a sindicatos, organizaciones religiosas —incluidos activistas judíos—, estudiantes, celebridades y dirigentes políticos de alto nivel.
Cada jueves, los integrantes de «EU Staff for Peace» (Personal de la UE por la Paz) realizan concentraciones de protesta frente a los edificios de la Comisión Europea y del Consejo de la Unión Europea.
Antiguos comisarios europeos, embajadores y altos funcionarios continúan enviando cartas a sus superiores para reclamar medidas más contundentes contra Israel.
Por tanto, no toda esperanza está perdida.
Sin embargo, Gaza ha derrumbado muchas de las convicciones tranquilizadoras a las que recurríamos para preservar una imagen complaciente de Europa.
Mientras la extrema derecha continúa ganando influencia, muchos parecen haber olvidado que las libertades democráticas rara vez desaparecen de manera repentina.
Su erosión comienza cuando determinadas voces son silenciadas, ciertos sufrimientos son ignorados y los derechos de algunos ciudadanos empiezan a considerarse menos valiosos que los de otros.
Shada Islam es una escritora y comentarista especializada en asuntos de la Unión Europea, afincada en Bruselas. Dirige New Horizons, un proyecto dedicado a la estrategia, el análisis y la consultoría.