América Latina: Un Gran Laboratorio

Capítulo 2: El presente

Segunda etapa (2026–)

La segunda etapa se caracteriza por una intervención imperial más intensa dirigida contra las instituciones democráticas de los países objetivo, combinando la manipulación institucional con acciones extrainstitucionales que constituyen graves violaciones del derecho internacional, con independencia de que impliquen o no el recurso a la violencia. Asimismo, se caracteriza por dos nuevas modalidades de intervención: el cristianismo político y la implicación cada vez más intervencionista de Israel. De ahí surge también el término «guerra híbrida». En esta etapa, la escala de la intervención reaccionaria aumenta exponencialmente; sus instrumentos son tan sofisticados que reducen la soberanía de las naciones a la condición de juguetes infantiles o de simples bromas de café, mientras el número de países implicados continúa creciendo. Estamos asistiendo a un proceso de recolonización de enormes proporciones que está adoptando la forma política del fascismo global. Se encuentra en proceso de formación una Internacional de extrema derecha, cuyos principales objetivos son los países de América Latina y Europa.

Dada la naturaleza clandestina de estos planes, solo podemos identificar sus tácticas y estrategias de manera indirecta, a través de sus aplicaciones concretas en el ámbito de las operaciones de contrainsurgencia. Es muy probable que su alcance sea muy superior a lo que puede detectarse a partir de los casos de intervención conocidos. A comienzos de 2026, tres casos merecen una mención especial: Venezuela, Honduras y Colombia. El hecho de que hayamos sido testigos, en un lapso tan breve, de tres intervenciones tan diversas aunque igualmente intensas revela la existencia de un plan de intervención bastante ambicioso. En este vasto laboratorio, el departamento de represión trabaja a pleno rendimiento.

Venezuela

Lo ocurrido en Venezuela desde enero de 2026 constituye un fenómeno sin precedentes en la historia reciente de América Latina. La intervención imperial en la política interna venezolana tiene una larga trayectoria y se intensificó considerablemente desde que Hugo Chávez inició la Revolución Bolivariana a comienzos del milenio. A pesar del fuerte discurso antiimperialista de Chávez, las relaciones comerciales con Estados Unidos continuaron, particularmente en el sector petrolero. Chávez, figura carismática, dejó clara desde el principio su intención de ejercer una soberanía plena sobre los recursos naturales del país y de utilizar los ingresos obtenidos para mejorar las condiciones de vida de sectores de la población que, hasta entonces, no habían participado de la inmensa riqueza nacional. Se crearon amplios programas de redistribución social, entre los cuales destacaron las misiones: iniciativas en ámbitos como la salud, la educación y las infraestructuras, organizadas al margen de las normas burocráticas que regulaban la intervención estatal. De este modo, surgió una suerte de Estado paralelo que otorgó a Chávez una enorme popularidad, pero que, al mismo tiempo, intensificó la oposición interna procedente de las clases sociales que hasta entonces se habían beneficiado directa o indirectamente de los ingresos petroleros producidos y distribuidos por lo que el gran sociólogo venezolano Fernando Coronil denominó el «Estado mágico». En mis escritos anteriores analicé el proceso bolivariano impulsado por Chávez hasta su prematura muerte en 2013 y, posteriormente, por su sucesor, el entonces vicepresidente Nicolás Maduro, tanto desde una perspectiva solidaria como crítica.

En este texto me limitaré a señalar que las políticas regionales e internacionales de Chávez y Maduro traspasaron varias de las líneas rojas establecidas por el imperialismo estadounidense. Entre ellas se encontraban una solidaridad concreta y sin precedentes con Cuba; una política regional orientada a promover la organización de los países del subcontinente al margen de la tutela estadounidense; relaciones políticas y comerciales privilegiadas con China, Rusia e Irán; y una política de gestión petrolera que podía amenazar potencialmente la posición del dólar como moneda de reserva mundial.

La respuesta imperialista fue rápida. Desde el principio incluyó los instrumentos de intervención que ya se habían convertido en habituales: un golpe de Estado, intentos de asesinato, embargos, sanciones, confiscación de reservas depositadas en el extranjero, la deslegitimación del presidente electo y la promoción internacional de un presidente títere, en una farsa a la que la Unión Europea se sumó con entusiasmo. Cuando ninguno de estos recursos dio resultado, el componente militar de la intervención se intensificó hasta llegar al bombardeo de pequeñas embarcaciones en aguas territoriales venezolanas, bajo el pretexto de que transportaban drogas. Así nació la caracterización del Estado bolivariano como un Estado narcoterrorista. Este fue el primer gran ensanchamiento del concepto de terrorismo; como veremos, otros seguirían sus pasos.

El 3 de enero, las fuerzas especiales estadounidenses capturaron durante la noche al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, mataron a más de veinte miembros de la guardia presidencial la mayoría de ellos cubanos y trasladaron a la pareja a Estados Unidos para que compareciera ante la justicia estadounidense por las acusaciones que vinculaban a Maduro con el narcotráfico. Asimismo, dejaron fuera de servicio todo el sistema de defensa aérea. Con la asunción de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a la presidencia de la República, la «normalidad» fue restablecida rápidamente.

Pronto se supo que la gestión de la producción y el comercio del petróleo sería transferida a empresas estadounidenses y que los ingresos petroleros, en lugar de ingresar en el Tesoro venezolano, serían transferidos al Tesoro de Estados Unidos para, posteriormente, ser redistribuidos a Venezuela por las autoridades estadounidenses es decir, por el secretario de Estado Marco Rubio— de acuerdo con los criterios establecidos por Washington. En cuestión de pocas semanas, la Venezuela antiimperialista de la Revolución Bolivariana había quedado reducida a la condición de territorio bajo protectorado estadounidense, gobernado por el gobernador general Marco Rubio.

Resulta sorprendente que esta violación sin precedentes de la integridad de un Estado soberano no haya suscitado reacción alguna en el llamado mundo occidental, ni siquiera en América Latina, donde las críticas no han ido más allá de ambiguas declaraciones de protesta.

En cuanto a la ONU, lo mejor es no hablar de ella para no echarse a llorar. Ha desaparecido, nadie sabe dónde se encuentra y, ante la escasa esperanza de hallarla con vida, se están reduciendo los esfuerzos destinados a rescatarla.

Por consiguiente, la intensidad de la intervención imperial en esta segunda etapa es cualitativamente superior a la de la primera. Resulta difícil determinar hasta dónde llegará. Los indicios son inquietantes. Aún más inquietante es que la influencia israelí se haga cada vez más visible en la intervención. Presentaré tres ejemplos sin pretender extraer de ellos conclusiones definitivas —su valor será exactamente el que cada cual quiera atribuirles.

Como si las desgracias nunca llegaran solas, el 24 de julio dos fuertes terremotos sacudieron Venezuela. Varios países ofrecieron ayuda humanitaria y resulta comprensible que Venezuela no pudiera escoger entre todas ellas. Sin embargo, resulta interesante observar la visibilidad que se otorgó a la ayuda proporcionada por el ejército israelí. Las mismas fuerzas militares responsables de la muerte de miles de niños palestinos en Gaza aparecían ahora desplegando todos sus esfuerzos para rescatar a niños venezolanos de entre los escombros. Sin menospreciar la ayuda prestada, todo ello parecía una operación de lavado de imagen o, dicho de manera mucho más sencilla, una forma de subrayar la «banalidad del mal» perpetrado en Gaza. No pude evitar recordar que Heinrich Himmler, el dirigente nazi responsable de la muerte de miles de judíos, entraba por la puerta trasera de su casa para no despertar al canario.

El segundo ejemplo está relacionado con la Corte Penal Internacional (CPI). Es bien sabido que Israel ha llevado a cabo una intensa campaña contra la Corte desde que esta, con la complicidad de Estados Unidos, intentó emitir órdenes de arresto contra dirigentes israelíes, especialmente contra Netanyahu. El 24 de julio, Venezuela anunció su retirada «definitiva e irreversible» de la CPI. Sea cual sea nuestra valoración de la actuación de la CPI a lo largo de su existencia y mi valoración es bastante crítica, el momento y las circunstancias en que Venezuela adoptó esta decisión no parecen indicar que se trate de una mera coincidencia. Conviene señalar que Chávez había criticado a la CPI por ser «un brazo del imperio estadounidense». Resulta poco convincente pensar que estas sean las razones que se encuentran detrás de la decisión que el Gobierno venezolano acaba de adoptar.

Por último, la composición de la delegación de congresistas estadounidenses que visitó Venezuela a finales de julio dice mucho sobre lo que podría suceder en el futuro. Dos de ellos, Brian Mast y Randy Fine, mantienen estrechos vínculos con AIPAC, el principal lobby proisraelí de Estados Unidos. La congresista Kat Cammack está especializada en cuestiones de seguridad nacional, asuntos fronterizos y defensa. Otro de los congresistas, Jonathan Jackson, hijo de Jesse Jackson, aboga por poner fin a las sanciones contra Venezuela y levantar el bloqueo de las reservas internacionales del país. El factor israelí, incluidas las inversiones y la participación en la defensa de los minerales estratégicos, así como la posible reactivación del proyecto de Trump denominado «Escudo de América», con una eventual participación de Venezuela, parecen destinados a convertirse en objeto de debate en un futuro próximo.

Honduras

Como ya he señalado anteriormente, Honduras fue el primer país del subcontinente en sufrir, en 2009, el retorno de los golpes de Estado de carácter imperialista a América Latina. En abril de 2026 salieron a la luz grabaciones de audio que contenían intercambios entre el actual presidente, Nasry Asfura, y el expresidente Juan Orlando Hernández, quien se encontraba encarcelado en Estados Unidos tras haber sido condenado en 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico y posteriormente indultado por el presidente Trump en 2025. Ambos políticos pertenecen al mismo partido conservador, y los mensajes revelaban las condiciones para el regreso del expresidente al país, en el marco de un plan internacional encabezado por Estados Unidos, Israel y Argentina destinado a desestabilizar a los gobiernos progresistas del subcontinente, especialmente a Colombia, bajo el liderazgo de Gustavo Petro, y a México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum. El plan contemplaba la utilización de iglesias evangélicas con fines de manipulación ideológica, el establecimiento de nuevas bases militares, inversiones estadounidenses y la creación de zonas económicas especiales; ya conocemos, por ejemplo, Próspera, la ciudad privada situada en la isla de Roatán y financiada por Peter Thiel, de Palantir. El plan también preveía una unidad de periodismo digital destinada a difundir noticias falsas con el objetivo de desestabilizar a los gobiernos progresistas, así como un marco jurídico que favorecería a las empresas de inteligencia artificial de Estados Unidos e Israel.

Nuevas grabaciones de audio publicadas el 26 de julio por Diario Red, en un artículo de Valeria Duarte Galleguillos, revelaron planes destinados a «recuperar el control de las instituciones», entre ellas la dirección de la Corte Suprema y de la Fiscalía General. Sin embargo, el aspecto más inquietante de las nuevas filtraciones —si se confirmaran las acusaciones formuladas— es la existencia de una operación de espionaje y vigilancia cibernética a gran escala, presuntamente llevada a cabo por empresas israelíes en colaboración con los operadores telefónicos Claro y Tigo, cuyo objetivo serían políticos, activistas de derechos humanos y ciudadanos comunes.

Nota de voz de Nasry Asfura (audio 168): «Los israelíes señalaron que, mientras las personas se comuniquen utilizando números registrados dentro de Honduras, en territorio hondureño, es posible obtener determinada información, como con quién se comunican y otros datos. El software del que disponen se limita únicamente a la cooperación con Tigo y Claro».

Al parecer, nada de esto es nuevo. Durante la presidencia de Hernández ya se había detectado la interceptación de llamadas telefónicas —sin dejar ningún rastro en el dispositivo del usuario— mediante tecnologías de Palantir, la empresa de Peter Thiel. Asimismo, el programa Pegasus, desarrollado por el grupo israelí NSO, tampoco es una novedad en el subcontinente. En 2011, todavía durante la presidencia de Felipe Calderón, México se convirtió en el primer comprador de Pegasus en el mundo y, durante el mandato de Enrique Peña Nieto, se habría utilizado el programa para llevar a cabo vigilancia cibernética sobre unas 15.000 personas, entre ellas periodistas, activistas anticorrupción y abogados que representaban a víctimas. Se afirma que una situación similar tuvo lugar en Colombia durante la presidencia de Iván Duque.

A todo ello se suma la industria de la desinformación.

El 2 de agosto de 2026, The Times of Israel informó de que Facebook había prohibido decenas de cuentas, páginas y grupos, muchos de ellos vinculados al grupo israelí Archimedes Group, por incurrir en «comportamiento inauténtico coordinado» en el África subsahariana, América Latina y el Sudeste Asiático, con el propósito de «moldear la realidad en función de los intereses del cliente».

Sus operaciones se basan siempre en una misma combinación: capacidad técnica para la vigilancia lo que requiere marcos jurídicos que permitan eliminar el anonimato en las redes sociales y en las comunicaciones telefónicas y herramientas destinadas a fabricar «hechos» y narrativas.

El uso de la vigilancia y la desinformación de manera combinada y a escala masiva parece estar convirtiéndose en uno de los instrumentos preferentes de esta segunda etapa de intervención contra Estados soberanos gobernados por fuerzas progresistas.

Colombia

Colombia constituye el tercer ejemplo de las operaciones que caracterizan esta segunda etapa, cuyo objetivo es intervenir en los gobiernos progresistas y desestabilizarlos.

Las elecciones celebradas el pasado mes de mayo concluyeron con la victoria del candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella, ciudadano colombiano y estadounidense, residente en Miami y abogado de narcotraficantes y grupos paramilitares armados las llamadas autodefensas. Su campaña, respaldada activamente por Donald Trump, trasladó el espacio público a las plataformas digitales. No solo contaba con una financiación considerablemente mayor, sino que se apoyaba, en gran medida, en la desinformación y la manipulación del electorado.

Según un artículo del periodista Lucas Ospina publicado en La Silla Vacía, buena parte de la operación se desarrolló en servidores informáticos y en grupos de WhatsApp organizados según distintos niveles de «receptores», mediante vídeos generados algorítmicamente y adaptados al perfil de cada elector. Para el uribista convencido, el candidato aparecía como «El Tigre», el hombre que había aplastado a las guerrillas. Para el evangélico, aparecía rodeado de pastores. Para el joven indignado con el presidente izquierdista Gustavo Petro, un meme convertía a De la Espriella en un gato omnipotente que saltaba sobre las ruinas del palacio de Petro. Para la madre soltera y cabeza de familia, un vídeo lo presentaba como el esposo proveedor dentro de un modelo familiar acorde con la Biblia. Y para el votante de la nueva clase media que soñaba con el orden, se ofrecía una epopeya audiovisual acompañada de música de superhéroes, en la que el candidato, implacable en su lucha contra el crimen, llegaba a una región devastada por la violencia, capturaba al villano y traía consigo la prosperidad.

Reproduzco a continuación un fragmento relativamente extenso de este artículo porque arroja luz sobre las estrategias de manipulación y desinformación que hoy se utilizan en todo el mundo. Resistirlas exige comprenderlas:

Un estudio realizado por el Observatorio de Redes Sociales de la Universidad Católica de Colombia concluyó que la campaña de De la Espriella fue la que logró dominar con mayor intensidad el espacio virtual, presentando «los problemas sociales como amenazas urgentes», generando una «necesidad de intervención inmediata» y reforzando «su mensaje de autoridad».

La plataforma de campaña de De la Espriella se denominaba defensoresdelapatria.com y funcionaba siguiendo la misma lógica de esquema piramidal que el sitio web gruposrodolfistas.com, utilizado por el candidato de derechas en 2022: enlaces de recomendación personalizados, un código QR propio, un marcador de puntos y un «Kit de Guerra» (Battle Kit) descargable. La campaña llegó incluso a organizar un concurso que prometía un viaje al Mundial de 2026 al activista que consiguiera reunir el mayor número de contactos. Un sistema de marketing multinivel al estilo Herbalife, completado con una bandera tricolor y su correspondiente uniforme.

Sin embargo, el gasto declarado no representa más que la punta del iceberg. Una investigación del blog Hyperconectado documentó una campaña activa de Google Ads: 600 anuncios simultáneos en la red de publicidad gráfica visibles en cualquier sitio web que generara ingresos publicitarios en Colombia dirigían a los usuarios hacia un formulario destinado a recopilar datos personales: nombre completo, edad, dirección de correo electrónico, número de WhatsApp, departamento y ciudad. El anunciante registrado ante Google aparecía identificado como «Luisa Portela», cuya identidad no había sido verificada. El supuesto financiador de los gastos publicitarios era otra persona cuya identidad tampoco había sido verificada, «Juan Esteban Méndez». El formulario no contenía ni una política de privacidad ni un mecanismo de consentimiento, lo que constituía una vulneración de la Ley 1581 de 2012, relativa a la protección de datos, así como de la Circular Externa Única 002 de 2026, publicada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Todo se presenta hábilmente como una «iniciativa ciudadana».

Ahora alguien dispone de una base de datos que contiene los números de WhatsApp y los datos de geolocalización de miles de colombianos que hicieron clic en un anuncio de Google. Se desconoce quién la administra o con quién se comparte. Sin embargo, su valor operativo es evidente: una lista segmentada por departamento y ciudad constituye precisamente el elemento que completa el circuito de la red multinivel: red de contactos, niveles de consumo, educación y localización. Como señaló Lester Toledo, el operador digital que contribuyó a llevar a Bukele a la presidencia de El Salvador, al reducir a cada persona a un algoritmo electoral, esta es «la diferencia entre disparar con una ametralladora y disparar con un rifle de francotirador»: «El ciudadano es la persona que tiene un teléfono móvil».

Artículo de La Silla Vacía sobre la operación electoral de De la Espriella

Otro factor novedoso de la intervención en esta segunda etapa es la religión política. Los mercaderes de la fe convierten las creencias religiosas de poblaciones empobrecidas en capital y les ofrecen, a cambio, una supuesta sensación de satisfacción que en ningún caso altera el statu quo de la desigualdad y la vulnerabilidad social. Se trata de un factor novedoso por la intensidad con la que se utiliza en la actualidad; sin embargo, viene empleándose desde el Informe Rockefeller de 1969, después de que la Alianza para el Progreso fracasara en su intento de contener el impulso progresista que la Revolución Cubana había infundido en las clases trabajadoras. Poco después, los pastores evangélicos, especialmente los pentecostales y neopentecostales, invadieron el subcontinente. Sus iglesias y emisoras de radio, generosamente financiadas, fueron transformando gradualmente el catolicismo progresista que predominaba en aquella época —el catolicismo de las comunidades eclesiales de base inspiradas en la Teología de la Liberación— en una representación del «ateísmo demoníaco del comunismo».

La primera señal de su poder llegó desde Guatemala, donde el general Efraín Ríos Montt, miembro de la iglesia neopentecostal El Verbo, llegó al poder mediante un golpe de Estado con el respaldo de Ronald Reagan. Casi cuatro décadas después, en 2019, Jeanine Áñez asumió el poder tras el golpe de Estado contra Evo Morales y el Estado Plurinacional de Bolivia, levantando una Biblia y proclamando: «La Biblia vuelve al Palacio».

La victoria de De la Espriella en Colombia resulta inexplicable sin este factor religioso. En la edición de Diario Red del 29 de junio de 2026 puede encontrarse un análisis detallado de la importancia del fenómeno religioso, tomando como ejemplo una de las regiones del país:

El verdadero gran salto electoral se produjo gracias a la Asociación de Pastores de Bucaramanga y Santander y a una red de megacongregaciones aliadas que, con el tiempo, se extendió por todo el país. El bloque religioso inició desde los púlpitos una campaña silenciosa pero intensa de formación electoral. A diferencia de la opinión pública, que fluctúa en función de los debates o escándalos de la semana, el voto religioso coordinado actúa de acuerdo con directrices destinadas a preservar la identidad. Fuentes próximas a las asociaciones pastorales de la región confirman que, durante las semanas previas al 31 de mayo, el relato difundido identificaba la plataforma de De la Espriella con «la defensa de la familia y las libertades frente a la agenda progresista». Esta red sectorial proporcionó una base electoral inquebrantable, compuesta por más de 35.000 votos altamente movilizados en el área metropolitana de Bucaramanga, y actuó el día de las elecciones como fuerza de impulso y garante de los votos en las urnas.

Artículo de Diario Red sobre el voto religioso en Colombia

Colombia es el primer gran país latinoamericano en el que se ha aplicado, con una intensidad sin precedentes, la ingeniería más sofisticada de manipulación de la opinión pública y desinformación, combinada con la politización conservadora del cristianismo. Los tres pilares políticos de esta intervención son el imperialismo estadounidense, el sionismo israelí y el cristianismo político. Todo indica que los próximos países objetivo serán Brasil y México. Si esta estrategia alcanza un éxito pleno, pondrá fin, al menos por el momento, al ciclo de políticas progresistas en el subcontinente. Dos siglos después de su primera proclamación, la Doctrina Monroe se aproxima a su realización más completa.

La intensidad de la manipulación y la desinformación hace que, en muchos casos, el debate acerca de si existe o no fraude electoral carezca de sentido. El fraude no se produce durante el recuento de los votos. Se produce antes, cuando la opinión pública ha sido previamente desinformada de manera masiva y sistemática. Quizá sea entonces cuando cobre todo su significado aquella célebre frase, inspirada en Umberto Eco y Pier Paolo Pasolini: «Las personas votan por un fascista real creyendo que es falso, por miedo a un comunismo falso que creen real».

Conclusión

Algunos científicos sociales latinoamericanos de izquierda, cuyos nombres no mencionaré para no avergonzarlos, llevan años, más de una década, criticando duramente a los países y gobiernos progresistas que han sido objeto de una ofensiva imperial cada vez más sofisticada. En esencia, para expresar sus críticas acuñaron el concepto de «progresismo» (progressivism), que utilizan de manera peyorativa para calificar a estos gobiernos. Implícitamente y, en ocasiones, explícitamente, han sostenido que tales gobiernos no son de izquierdas. En los últimos años, la extrema derecha ha aprovechado precisamente la deslegitimación procedente de estos «aliados» para profundizar la desestabilización. Como tantas veces ha ocurrido en el pasado, estos científicos sociales han terminado desempeñando el papel de «idiotas útiles» de estrategias que los trascienden. ¿Por qué una izquierda bienintencionada se equivoca siempre más que una derecha que se niega a pensar?

Estoy convencido de que el departamento de emancipación de ese gran laboratorio que es América Latina no ha quedado completamente clausurado; sin embargo, por ahora, solo pueden contemplarse sus ruinas. Estoy igualmente convencido de que esas ruinas cumplen, al mismo tiempo, la función de semillas: son tanto un recordatorio de la historia de las luchas y las resistencias como un anuncio de un futuro en el que sea posible una vida digna para los seres humanos y para los seres no humanos.

Fuente:https://znetwork.org/znetarticle/latin-america-the-great-laboratory-part-2-today/